La Justicia secuestró 11 vehículos tras una denuncia por presunta retención indebida. La causa investiga el incumplimiento de contratos de leasing y reabre el debate sobre la seguridad jurídica de una herramienta clave para financiar a proveedores mineros.
Una empresa prestadora de servicios para la minería quedó en el centro de una investigación penal por una presunta maniobra de retención indebida de vehículos obtenidos mediante contratos de leasing. Por orden de la UFI Norte, la Policía realizó allanamientos en distintos puntos de San Juan y secuestró 11 rodados, entre camionetas y camiones, que permanecen bajo tutela judicial.
La investigación alcanza a los propietarios de Visma Vial SRL, de apellido Varela, quienes fueron denunciados por dos entidades financieras tras el presunto incumplimiento de contratos de leasing utilizados para financiar una flota destinada a la actividad minera.
De acuerdo con la denuncia, la empresa accedió a vehículos mediante esta modalidad de financiamiento, abonó inicialmente las cuotas previstas y luego, tras la finalización de contratos vinculados con la actividad minera, habría dejado de cumplir con los pagos. Según la acusación, una vez rescindidos los contratos, los titulares también se habrían negado a devolver los bienes, que continuaban siendo propiedad de las entidades financieras.
Con intervención del fiscal Sohar Aballay, la Justicia ordenó una serie de procedimientos. En Rodeo se secuestraron un camión y una camioneta Ram; en Rivadavia, una camioneta Toyota; mientras que en una empresa de Chimbas se incautó documentación vinculada a la investigación. Las fuentes judiciales indicaron que parte de la flota habría estado alquilada a terceros.
Posteriormente, los denunciados entregaron el resto de los vehículos reclamados, completando un total de 11 rodados secuestrados: cinco camiones y seis camionetas.
Hasta el momento, la investigación continúa en etapa preliminar y todavía no se definió si el Ministerio Público Fiscal formalizará la imputación contra los involucrados por el presunto delito de retención indebida, en una causa iniciada por Banco San Juan y Banco Supervielle.
Qué es el leasing y cuándo puede surgir un delito
La abogada Cecilia Arancibia Terzi, especialista en la materia, explicó que el leasing es una herramienta de financiamiento que permite a una empresa utilizar bienes nuevos —como vehículos, maquinaria o equipos— mediante el pago de cuotas periódicas, con la posibilidad de adquirirlos al finalizar el contrato.
«Es un alquiler con opción a compra. Mientras esa opción no se ejerza y no se complete el pago, la propiedad continúa siendo de la entidad financiera», señaló.
La letrada aclaró que el incumplimiento en el pago no configura por sí solo un delito penal. Según explicó, la eventual responsabilidad penal aparece cuando el contrato se rescinde, existe una obligación concreta de devolver los bienes y, pese a ello, el usuario exterioriza la voluntad de no restituirlos.
«La retención indebida se configura cuando una persona recibe legítimamente una cosa mueble ajena bajo un título que la obliga a devolverla y luego se niega injustificadamente a restituirla o actúa como si fuera su propietaria», precisó, al tiempo que remarcó que la determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a la Justicia.
Un caso con impacto más allá del conflicto judicial
Para Arancibia Terzi, el expediente trasciende el conflicto entre las partes porque involucra una herramienta esencial para el desarrollo productivo.
La especialista sostuvo que el leasing permite a pequeñas y medianas empresas acceder a vehículos, maquinaria y bienes de capital sin afrontar una inversión inicial que muchas veces resulta inaccesible, facilitando su incorporación a actividades de alta demanda de equipamiento, como la minería.
En ese contexto, advirtió que la seguridad jurídica resulta determinante para el futuro de este tipo de financiamiento en San Juan, especialmente ante la expansión de grandes proyectos mineros.
«Si quienes financian no cuentan con mecanismos eficaces para recuperar bienes que siguen siendo de su propiedad, estas operaciones se encarecen, se restringen o directamente desaparecen. El perjuicio termina recayendo sobre las empresas locales», explicó.
La abogada concluyó que proteger el régimen jurídico del leasing no implica únicamente resguardar el interés de una entidad financiera, sino también preservar el acceso al crédito, fortalecer a los proveedores sanjuaninos y favorecer que las pymes puedan integrarse a la cadena de valor que demandará el crecimiento de la minería en la provincia.
