Durante los primeros seis meses de 2026, la Justicia provincial abrió 107 investigaciones vinculadas con material de abuso sexual infantil, frente a las 27 registradas en el mismo período del año pasado. El grooming también mostró un fuerte incremento y multiplicó sus casos por 20.
Las estadísticas de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos encendieron una señal de alerta en San Juan por el marcado crecimiento de las investigaciones relacionadas con material de abuso sexual infantil. Entre enero y junio de 2026 se iniciaron 107 legajos por este tipo de hechos, mientras que durante el mismo período de 2025 habían sido 27.
El salto representa un incremento cercano al 300% y se traduce en 80 investigaciones más en apenas un año. El dato adquiere relevancia dentro del total de expedientes iniciados por la dependencia judicial, que durante el primer semestre acumuló 2.037 legajos por diferentes delitos.
Desde el ámbito judicial se utiliza la denominación Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) para identificar imágenes, videos u otras representaciones de carácter sexual que involucren a menores de 18 años. Las investigaciones pueden estar relacionadas con la generación, tenencia, almacenamiento o circulación de este tipo de contenidos.
Una parte importante de estos casos llega a conocimiento de las autoridades a partir de reportes emitidos por plataformas digitales. Las alertas son canalizadas mediante la Red 24/7, un sistema que permite derivar la información hacia la jurisdicción correspondiente para que se determine si corresponde iniciar una investigación.
En este proceso también interviene la CyberTipline del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo que concentra reportes internacionales vinculados con posibles situaciones de explotación sexual infantil en internet. Cuando una alerta permite determinar que el hecho corresponde a San Juan, la información puede ser remitida a la Justicia provincial a través de los mecanismos de cooperación establecidos.
Una investigación que terminó en una condena
Uno de los casos investigados durante este año permite dimensionar cómo se inicia este tipo de procedimientos. En julio de 2026, un hombre de 71 años recibió una condena de cuatro años de prisión efectiva por distribuir material de abuso y explotación sexual infantil, con el agravante relacionado con la edad de las víctimas.
La causa comenzó a partir de una alerta internacional que llegó a investigadores de Buenos Aires. A partir del análisis de la información, se determinó que el acusado había enviado mediante WhatsApp al menos seis archivos en los que aparecían niños menores de 10 años.
Una vez establecida la conexión con San Juan, la investigación fue derivada a la provincia. Durante los procedimientos se secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora portátil y anotaciones que contenían datos de acceso a distintas cuentas.
Tras el avance de la causa, la Justicia resolvió condenar al hombre y también dispuso el decomiso y posterior destrucción de los dispositivos utilizados en el hecho.
El grooming, otro delito que registró un salto significativo
El crecimiento de los delitos digitales que afectan a niños y adolescentes no se limita a las investigaciones por material de abuso sexual infantil. Los registros de la UFI también reflejan una fuerte suba en las causas por grooming.
Durante el primer semestre de 2025 se habían iniciado apenas cuatro legajos por este delito. En los primeros seis meses de 2026, en cambio, la cifra llegó a 80. De esta manera, las investigaciones se multiplicaron por 20 en el transcurso de un año.
El grooming se produce cuando una persona establece contacto con un menor a través de medios digitales con la intención de avanzar hacia un delito contra su integridad sexual. En muchos casos, el agresor busca generar confianza, puede ocultar su identidad y posteriormente solicitar fotografías o videos de contenido sexual.
También puede recurrir a amenazas o extorsiones para obtener nuevo material o intentar concretar un encuentro presencial con la víctima.
El crecimiento de estas estadísticas vuelve a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en los entornos digitales y sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención, detección e investigación de este tipo de delitos en la provincia.




