El abogado Marcelo Arancibia cuestionó la investigación por la presunta estafa de Global Market y advirtió que la Justicia logró reconstruir la maniobra, pero no avanzó sobre el destino del dinero desaparecido.

La investigación por la presunta estafa millonaria de Global Market sumó nuevas críticas este martes luego de que el abogado Marcelo Arancibia, representante de parte de los damnificados, cuestionara el accionar judicial y advirtiera sobre la falta de avances para recuperar los fondos perdidos.

Durante una entrevista en el programa “La Ventana”, el letrado aseguró que la causa podría convertirse en “la estafa más grande de la historia de San Juan” y sostuvo que el expediente ya permitió determinar “cómo fue la maniobra y quiénes se llevaron el dinero”, aunque todavía no se logró rastrear el destino final de los fondos.

Según explicó Arancibia, el esquema investigado combinaba contratos de mutuo, operatorias bursátiles y sociedades vinculadas para captar inversores bajo aparentes mecanismos financieros legales. La maniobra habría incluido el uso de fondos de clientes en operaciones no autorizadas y de alto riesgo, fuera del segmento garantizado del mercado bursátil.

El abogado afirmó que los perjuicios detectados superarían actualmente los $5.000 millones, aunque advirtió que la cifra podría duplicarse debido a que los acusados habrían administrado entre 5 y 6 millones de dólares, equivalentes a unos $10.000 millones.

Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta al funcionamiento de la firma GMI, una sociedad que, según Arancibia, recibía dinero mediante contratos de mutuo sin estar habilitada para operar en el mercado de capitales. El letrado aseguró además que esa empresa utilizaba como respaldo un proyecto minero cuyo permiso estaba revocado desde noviembre de 2024.

En paralelo, el representante legal planteó posibles responsabilidades de organismos de control y entidades vinculadas al sistema bursátil nacional. En particular, mencionó a la Comisión Nacional de Valores y a una sociedad de bolsa de Rosario que habría canalizado operaciones realizadas sin autorización expresa de los clientes.

Arancibia también cuestionó la estrategia judicial aplicada hasta el momento y remarcó que no hubo allanamientos ni medidas orientadas a seguir “la ruta del dinero”. Según indicó, existe preocupación entre los damnificados por la posibilidad de que los fondos hayan sido derivados al exterior o convertidos en criptomonedas, dificultando su recuperación.

La causa atraviesa además una discusión de competencia entre la Justicia provincial y la federal. Para la querella, el expediente debe federalizarse debido a presuntas violaciones a normas nacionales vinculadas al mercado de capitales y al sistema financiero.

El caso ya genera impacto en el mercado financiero local, donde crece la preocupación por el efecto que la investigación puede tener sobre la confianza de pequeños y medianos inversores en las operatorias bursátiles formales.