El Congreso avaló convocar audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y genera fuerte discusión política y ambiental.

La Cámara de Diputados avanzó en el tratamiento del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y resolvió convocar audiencias públicas para ampliar el debate antes de emitir dictamen. Con la convocatoria, el tratamiento legislativo se extenderá al menos hasta fines de marzo.

La decisión se tomó durante un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, presididas por los diputados de La Libertad Avanza, el sanjuianino José Peluc y Nicolás Mayoraz. Allí se acordó un plan de trabajo que incluye instancias de participación ciudadana para analizar la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero, con 40 votos a favor y 31 en contra, y propone redefinir el alcance de las zonas protegidas de glaciares y áreas periglaciares, lo que permitiría habilitar determinadas actividades productivas en sectores que actualmente están restringidos.

Durante el plenario, Peluc propuso la convocatoria a audiencias públicas amparándose en el artículo 114 bis del reglamento de Diputados y en el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza la participación ciudadana en decisiones ambientales.

El diputado Nicolás Mayoraz detalló que el plan contempla dos audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, entre las 10 y las 19, con modalidades presencial y remota. La primera se realizará en la sala A del Anexo C de la Cámara baja, mientras que la segunda permitirá la participación virtual de expositores de todo el país. “El federalismo se garantiza escuchando todas las voces”, sostuvo.

Desde la oposición acompañaron la realización de las audiencias, aunque reclamaron mayor alcance federal. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió garantizar participación de provincias vinculadas a cuencas hídricas, mientras que Sabrina Selva (Unión por la Patria) remarcó que el proceso debe ser “público, transparente y federal”.

En la misma línea, Juan Grabois (UxP) solicitó que se asegure la intervención de comunidades indígenas registradas en el INAI que habitan zonas de glaciares o ambientes periglaciares.

El proyecto reabre un debate clave en materia ambiental y productiva. Mientras sectores mineros y provinciales sostienen que la reforma permitirá mayor desarrollo económico en regiones cordilleranas, organizaciones ambientalistas advierten que podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce.

Con la convocatoria a audiencias públicas, el tratamiento legislativo se extenderá al menos hasta fines de marzo. El resultado del debate será determinante para definir si la Cámara baja avanza con la reforma o introduce cambios a una de las leyes ambientales más sensibles del país.