La protesta salarial de la Policía de Santa Fe sumó un nuevo episodio de violencia frente a la Jefatura en Rosario, mientras el Gobierno provincial insiste en que el patrullaje se sostuvo y promete medidas “inmediatas” para normalizar el servicio.
La tensión en Rosario escaló este miércoles cuando el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, fue rodeado por efectivos que participan de la protesta y terminó recibiendo empujones y escupitajos en plena calle, en un episodio que profundizó el conflicto entre la fuerza y el Gobierno provincial.
El reclamo se mantiene desde hace varios días frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde efectivos activos, retirados y familiares exigen mejoras salariales y condiciones laborales dignas. La manifestación incluyó sirenazos, quema de neumáticos y cortes de tránsito, lo que generó alarma social por la reducción del patrullaje en distintos sectores de la ciudad.
El eje del conflicto está centrado en la política salarial vigente. La administración provincial anunció un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo, pero los manifestantes sostienen que esas medidas no implican una recomposición real del salario. A esto se suman denuncias por largas jornadas laborales, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para alcanzar ingresos suficientes.
Otro punto que cobró especial relevancia es la salud mental dentro de la fuerza. El fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”, quien atravesaba problemas psicológicos y se encontraba con carpeta médica, puso en primer plano el impacto del estrés, la sobrecarga laboral y la falta de contención institucional.
Desde el Gobierno provincial, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni afirmó que, pese al conflicto, la operatividad policial se mantuvo entre el 80% y el 90% en Rosario. Según detalló, el esquema de seguridad incluyó móviles policiales, caminantes y refuerzos de fuerzas federales, en coordinación con Nación, para garantizar la prevención del delito.
En paralelo, el Ejecutivo abrió una instancia de diálogo y prometió que los efectivos pasados a disponibilidad preventiva podrán revertir esa situación al reincorporarse al servicio. Sin embargo, representantes legales de los policías advirtieron que continúan vigentes sumarios administrativos y causas penales, lo que mantiene la incertidumbre dentro de la fuerza.
El Gobierno también sostuvo que evalúa una política salarial diferenciada para las fuerzas de seguridad y aseguró que ningún efectivo armado debería percibir ingresos por debajo de la canasta básica, aunque por el momento no se anunciaron incrementos concretos en los adicionales salariales.
Con la agresión al jefe policial como nuevo punto de quiebre, el conflicto entra en una fase crítica. Mientras los manifestantes exigen definiciones formales y mejoras inmediatas, el Ejecutivo busca recuperar la normalidad operativa sin convalidar acciones que, según advierte, afectan el servicio de seguridad pública en una de las ciudades más sensibles del país.
