Un nuevo acuerdo militar entre Argentina y Estados Unidos habilita tareas conjuntas de vigilancia en el Atlántico Sur y desató críticas políticas por posibles riesgos sobre la soberanía nacional.
El gobierno de Javier Milei quedó en el centro de una fuerte controversia política tras la firma de un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que permitirá tareas conjuntas de monitoreo y vigilancia en el Atlántico Sur durante los próximos cinco años.
El convenio fue oficializado mediante una Carta de Intención entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur estadounidense bajo el denominado “Programa de Protección de Bienes Comunes Globales”, una definición que encendió cuestionamientos en sectores políticos, militares y diplomáticos.
El acuerdo contempla la incorporación de tecnología norteamericana para patrullaje marítimo y control aéreo sobre la Zona Económica Exclusiva argentina. Entre los primeros avances figura la instalación de una cámara FLIR de detección térmica en una aeronave Beechcraft B-200 de la Aviación Naval.
La firma fue realizada por el contraalmirante estadounidense Carlos Sardiello y el jefe de la Armada Argentina, Juan Carlos Romay. Según informó la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el programa incluirá además “equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo operativo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”.
La novedad generó críticas inmediatas en sectores de la oposición, que cuestionaron tanto el contenido del acuerdo como la falta de anuncios oficiales del Gobierno argentino. Uno de los principales puntos de conflicto es la definición del Mar Argentino como “bien común global”, concepto rechazado por especialistas en soberanía marítima.
Desde el peronismo y ámbitos vinculados a defensa nacional advirtieron que la Zona Económica Exclusiva no puede ser interpretada como un espacio internacional compartido, sino como un territorio bajo derechos exclusivos de explotación y control argentino.
Las críticas también alcanzaron la creciente alineación geopolítica del Gobierno con Washington. Para Estados Unidos, el Atlántico Sur se transformó en un punto estratégico por su cercanía con la Antártida, las rutas bioceánicas y la disputa de influencia con China sobre recursos naturales y corredores marítimos.
El acuerdo se produce además en un contexto de reclamos internos dentro de las Fuerzas Armadas por falta de presupuesto y equipamiento. El propio almirante Romay había reclamado días atrás mayores inversiones para fortalecer la capacidad soberana de vigilancia marítima.
En paralelo, exministros de Defensa como Agustín Rossi y Jorge Taiana cuestionaron el enfoque oficial y pidieron sostener una política de defensa “autónoma y soberana”, centrada en la protección territorial y no subordinada a intereses extranjeros.
La firma del convenio abre ahora un debate político y estratégico de fondo sobre el alcance de la cooperación militar internacional y los límites de la participación extranjera en áreas consideradas sensibles para la soberanía argentina.
Fuente: Clarín
