El presidente de la Corporación Agua Negra planteó que el túnel binacional debe financiarse con fuerte participación privada y cuestionó que el costo recaiga sobre el Estado. El proyecto demandaría entre US$ 2.300 y 5.000 millones.
El debate por el futuro del túnel de Agua Negra volvió a escena con una definición política y económica de alto impacto: el presidente de la Corporación Agua Negra, Rodrigo Díaz Cortés, sostuvo que la obra debe avanzar con un esquema de financiamiento privado o mixto, y no con recursos estatales destinados a cubrir demandas sociales urgentes.
Durante una entrevista en el programa De Sobremesa, Díaz Cortés afirmó que “hay que buscar una fórmula donde el sector privado se compenetre más en la ejecución” del corredor bioceánico y vinculó directamente el proyecto con el interés de las grandes mineras radicadas en San Juan.
“El ciudadano común puede preguntarse por qué, a través de sus impuestos, debería favorecer a la industria minera”, planteó el dirigente, quien además remarcó que el gobernador provincial “debe enfocarse también en los problemas sociales”. En ese marco, propuso avanzar con modelos de concesión binacional o esquemas de participación público-privada.
La declaración aparece en un contexto atravesado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), donde ya existen proyectos aprobados por US$ 25.000 millones, principalmente ligados al sector minero. Para Díaz Cortés, ese escenario refuerza la necesidad de que las compañías privadas asuman un rol central en el financiamiento de la infraestructura estratégica.
El dirigente también buscó despegar el proyecto de las disputas partidarias y advirtió que el túnel “trasciende gobiernos” y debe ser considerado una política de Estado. Según indicó, uno de los principales obstáculos para reactivar la iniciativa sigue siendo la falta de diálogo político entre sectores con diferentes alineamientos.
En términos técnicos, Díaz Cortés aseguró que el proyecto ya cuenta con estudios suficientes para considerarlo viable. Recordó que durante los últimos años se invirtieron más de US$ 40 millones en análisis geológicos y geotécnicos, con aval de consultoras internacionales y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Además, sostuvo que una de las históricas objeciones vinculadas a la falta de infraestructura portuaria en Chile ya fue resuelta mediante inversiones privadas en Coquimbo y el futuro puerto Cruz Grande. Según detalló, en el puerto chileno se destinaron alrededor de US$ 120 millones para ampliar la capacidad operativa y recibir embarcaciones de gran porte.
Respecto del costo actualizado del túnel, el titular de la Corporación Agua Negra calculó que la obra demandaría entre US$ 2.300 y 5.000 millones, una cifra considerablemente superior a las estimaciones difundidas en 2018.
En paralelo, reclamó la reactivación de la Ebitan —el ente binacional encargado del proyecto— paralizada desde 2018 por la pandemia y las tensiones políticas entre Argentina y Chile. También expresó expectativas favorables respecto del nuevo escenario político chileno y la posibilidad de reabrir negociaciones bilaterales.
La discusión sobre Agua Negra vuelve así a instalar un interrogante de fondo: quién debe financiar una obra estratégica para la integración y la exportación minera en medio de un escenario de ajuste fiscal y fuerte retracción de la obra pública nacional.
