El administrador concursal de las empresas Petersen en España, Armando Betancor, salió esta semana a corregir un dato que durante años circuló como verdad establecida en los tribunales de Nueva York: las empresas de la familia Eskenazi nunca le vendieron sus derechos litigiosos contra el Estado argentino al fondo Burford Capital. Lo que existe, aclaró desde Madrid, es un contrato de financiamiento. Burford paga los costos del litigio a cambio del 70% de cualquier recupero futuro, pero la titularidad de los derechos permaneció siempre en manos de las empresas Petersen.

La distinción no es menor. Durante más de una década, los tribunales estadounidenses dieron por sentado que Burford había adquirido esos derechos por €15 millones, una narrativa que el propio fallo del Segundo Circuito de Nueva York reprodujo en marzo pasado cuando revirtió la condena de 16.100 millones de dólares más intereses que en 2023 había dictado la jueza Loretta Preska. Betancor cuestionó esa sentencia: ningún tribunal, señaló, contradijo que Argentina violó los estatutos de YPF al negarse a lanzar la oferta pública de compra obligatoria que debía activarse ante la estatización de 2012.

El origen del conflicto se remonta a ese año. Las Petersen habían adquirido el 25% de YPF con un crédito de un grupo de bancos europeos que se repagaba con los dividendos de la compañía. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF y la nueva conducción suspendió los dividendos, las empresas quedaron sin fondos para afrontar sus deudas y quebraron. Los bancos acreedores, con casi 2.000 millones de dólares prestados y garantizados con las propias acciones de YPF, nunca cobraron. Esa deuda, subrayó Betancor, permanece impaga hasta hoy.

El comunicado del síndico llegó acompañado de una confirmación relevante: las empresas Petersen avanzarán con el arbitraje ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial donde estados y empresas dirimen disputas contractuales. En rigor, la notificación formal al Estado argentino ya había sido cursada en 2015. Lo de ahora fue un recordatorio protocolar dirigido a la Procuración del Tesoro bajo la nueva gestión presidencial. La Procuración confirmó haberlo recibido y anunció que prepara su defensa.

El frente neoyorquino, en tanto, no está cerrado. Burford tiene plazo hasta el 8 de mayo para solicitar una revisión ante la totalidad de los magistrados del Segundo Circuito, y podría luego escalar a la Corte Suprema, aunque las probabilidades de revertir el resultado son bajas. Paralelamente, el fondo le pidió a la jueza Preska que autorice usar en el arbitraje ante el CIADI la documentación que Argentina aportó durante el proceso de discovery en Nueva York. El Estado y YPF se opusieron, argumentando que ese material solo puede usarse en el caso neoyorquino. La decisión quedó en manos de Preska.