Un análisis del celular de uno de los imputados reveló llamadas, mensajes y documentos vinculados al lanzamiento del token. La fiscalía evalúa nuevas medidas, entre ellas indagatorias o allanamientos.
La investigación judicial por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA entró en una nueva etapa tras el peritaje del teléfono del empresario Mauricio Novelli, uno de los principales imputados del expediente. El análisis técnico reveló un extenso entramado de comunicaciones y documentos vinculados al proyecto cripto que ahora podría derivar en nuevas medidas judiciales.
El fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación, quedó habilitado para ordenar nuevas pruebas, aunque para decisiones como citaciones a indagatoria o allanamientos deberá solicitar autorización al juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Mensajes antes y después del lanzamiento
La pericia realizada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analizó chats, llamadas, documentos borrados y notas internas del celular de Novelli.
Según el informe incorporado al expediente, el 14 de febrero de 2025, día en que el presidente Javier Milei promocionó el token en la red social X, el empresario mantuvo ocho contactos con el mandatario.
Las primeras comunicaciones se registraron a las 18:44, 18:54, 18:56 y 18:58, mientras que el mensaje presidencial impulsando la criptomoneda se publicó a las 19:01. Luego se registraron nuevos contactos a las 19:03, 19:32, 22:00 y 22:05.
La pericia también detectó al menos siete comunicaciones entre Novelli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante esa misma jornada.
Además, se registró una videollamada por WhatsApp a las 23:37 entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, que se extendió durante más de cuatro minutos.
Un posible acuerdo por cinco millones de dólares
El análisis del teléfono también recuperó documentos internos que habían sido guardados como notas en el dispositivo.
Uno de ellos, redactado en inglés el 11 de febrero de 2025, menciona un presunto acuerdo económico por cinco millones de dólares vinculado a la promoción del proyecto cripto.
El documento detalla tres pagos previstos:
- US$1,5 millones iniciales en efectivo o tokens.
- US$1,5 millones condicionados a que el Presidente anunciara públicamente al empresario Hayden Mark Davis como asesor.
- US$2 millones vinculados a un contrato de asesoría tecnológica con el Gobierno.
En el texto también se menciona la posibilidad de revisar el acuerdo con Javier y Karina Milei en etapas posteriores.
El origen de la investigación
La causa judicial intenta determinar si detrás del lanzamiento del token existió una maniobra financiera para inflar artificialmente su valor y permitir que un grupo reducido de operadores obtuviera ganancias extraordinarias.
Según las denuncias, tras el posteo presidencial del 14 de febrero de 2025, el valor de la criptomoneda pasó de US$0,01 a casi US$5 en pocas horas. En ese lapso, algunos operadores habrían retirado cerca de US$100 millones, mientras otros inversores sufrieron pérdidas tras el desplome del precio.
El expediente investiga posibles delitos de estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
Un expediente que entra en una fase decisiva
La causa, que inicialmente tramitó en el juzgado de María Servini y luego fue trasladada al de Marcelo Martínez de Giorgi, busca determinar el rol de varios actores del ecosistema cripto y su vínculo con funcionarios del Gobierno.
Entre los investigados aparecen Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, entre otros.
Con el peritaje ya incorporado al expediente, la fiscalía evalúa nuevas medidas procesales que podrían marcar el rumbo de una investigación que involucra millones de dólares, tecnología financiera y a figuras centrales del poder político.
