Incumplieron el pago de $104,8 millones y piden anular el convenio y dictar prisión preventiva.

La causa por presunta estafa vinculada a Branka Motors entró en una nueva fase de tensión tras el incumplimiento del primer pago del acuerdo de reparación integral, lo que activó un pedido judicial para dar de baja el convenio y avanzar con medidas más severas contra los imputados.

El acuerdo, homologado el 13 de abril, contemplaba la devolución de unos $524 millones a más de 350 damnificados, en un esquema de cinco cuotas. Sin embargo, el primer desembolso —por $104,8 millones—, que debía concretarse el 25 de abril, no fue realizado.

Ante esta situación, la querella solicitó una nueva audiencia judicial —prevista para esta semana— para que los acusados comparezcan y se evalúe el dictado de prisión preventiva, además de la revisión de las medidas cautelares vigentes.

Desde la representación legal de los damnificados señalaron que el incumplimiento no responde a demoras administrativas sino a una “mora directa de los imputados”, lo que deja al acuerdo al borde de su caída.

En paralelo, se analiza la ejecución de las garantías presentadas —bienes muebles e inmuebles— como alternativa para avanzar en la reparación económica.

El malestar entre los afectados crece. Muchos cuestionan la liberación de los imputados sin cumplimiento previo y advierten sobre la falta de certezas para recuperar el dinero invertido.

Con el acuerdo en riesgo, el caso podría reconfigurarse judicialmente hacia un escenario más restrictivo para los acusados. La decisión que adopte la Justicia en la próxima audiencia será clave para definir si se prioriza la recuperación económica o el endurecimiento penal.