El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El Gobierno nacional decidió recurrir a la Corte Suprema en un intento por frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que ya cuenta con respaldo del Congreso y fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.

La presentación del Ejecutivo apunta a declarar la inconstitucionalidad del decreto que había suspendido la aplicación de la ley, en medio de una disputa de fondo: el impacto fiscal que implicaría cumplir con las actualizaciones salariales y presupuestarias que exige la norma.

El origen del conflicto se remonta a una medida cautelar dictada por la Justicia a fines de 2025, que ordenó al Gobierno aplicar de inmediato los artículos centrales de la ley. Entre ellos, la actualización de salarios para docentes y no docentes, así como la recomposición de becas estudiantiles.

Pese a esa decisión, el Ejecutivo apeló y ahora busca llevar el caso al máximo tribunal. En su argumentación, sostiene que el fallo judicial equivale a una “sentencia anticipada” y advierte sobre un eventual impacto negativo en la estabilidad macroeconómica si se ejecuta la norma sin definir previamente las fuentes de financiamiento.

Del otro lado, universidades, rectores y gremios insisten en que el Estado debe cumplir con una ley sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos sectores académicos advierten que el retraso en la aplicación de la norma profundiza la crisis del sistema universitario, con salarios deteriorados y dificultades para el funcionamiento cotidiano.

El caso también abre un debate institucional. Especialistas señalan que la estrategia del Gobierno tensiona el vínculo entre los poderes del Estado, al intentar frenar por vía judicial una ley vigente. Además, recuerdan que la Corte Suprema, en general, no interviene en medidas cautelares, lo que podría limitar las chances de éxito del planteo oficial.

Mientras tanto, el conflicto sigue escalando. Desde el sector universitario no descartan nuevas medidas de fuerza y movilizaciones si no se cumplen las disposiciones legales. En paralelo, el Gobierno analiza impulsar un nuevo proyecto de financiamiento que reemplace al actual, en línea con su política de ajuste fiscal.

En este escenario, la definición queda en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si toma el caso y cómo se resuelve una disputa que combina cuestiones presupuestarias, legales y políticas, con impacto directo en el futuro de la educación pública argentina.