Más de 600 familias alertan por el impacto de los paros docentes en colegios preuniversitarios y analizan recurrir a la Justicia.

Un grupo de más de 600 padres autoconvocados de alumnos preuniversitarios denunció una fuerte pérdida de contenidos educativos a raíz de los reiterados paros docentes y evalúa iniciar acciones legales para garantizar el dictado de clases.

La preocupación se centra en la discontinuidad del ciclo lectivo y sus efectos directos en el aprendizaje. Según explicó Adán Rodríguez, uno de los voceros del grupo, los estudiantes han tenido “muy pocas clases con contenidos”, lo que deriva en desmotivación, pérdida de hábitos de estudio y dificultades en la organización familiar.

El reclamo se agrava por antecedentes recientes: durante el año pasado se registraron más de 30 días de clases perdidos, una cifra que los padres buscan evitar que se repita en 2026. En ese contexto, advierten que los alumnos son evaluados sobre contenidos que no fueron dictados en el aula, lo que profundiza la inequidad educativa.

Ante la falta de clases, muchas familias recurren a apoyo escolar privado, asumiendo costos adicionales para sostener el nivel académico. Este fenómeno introduce un componente económico relevante, ya que traslada al ámbito familiar una responsabilidad que corresponde al sistema educativo público.

El grupo formalizó reclamos ante el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, exigiendo el cumplimiento de la presencialidad obligatoria, pero aseguran que no obtuvieron respuestas, en parte porque las autoridades también adhieren a las medidas de fuerza.

En paralelo, realizaron consultas ante la Defensoría del Pueblo, donde se les indicó que el conflicto se encuadra en una negociación entre el Gobierno y la universidad, sin participación directa de los padres.

Frente a este escenario, avanzan en el análisis de vías judiciales por presunto incumplimiento del derecho a la educación, lo que podría escalar el conflicto más allá del plano gremial.

El caso expone una tensión estructural entre el derecho a huelga y el derecho a la educación. Si no se alcanza una solución en el corto plazo, el conflicto podría derivar en judicialización y mayor presión institucional, con impacto directo en la continuidad y calidad del ciclo lectivo.