El gobernador de San Juan intimó a un periodista y productoras a rectificarse en 24 horas o afrontar una demanda por daños y perjuicios.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció que iniciará acciones civiles por daños y perjuicios tras considerar que fue víctima de una “campaña de falsedades y agravios” difundida en el programa televisivo “Telenueve Denuncia”.

La reacción oficial incluyó el envío de cartas documento al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre, con una intimación a rectificarse públicamente o ratificar con pruebas las acusaciones en un plazo de 24 horas.

Según la presentación realizada por la asesoría letrada provincial, al mandatario se le atribuyeron “hechos ilícitos de extrema gravedad” mediante afirmaciones “manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico”, expuestas como si fueran verdaderas. Desde el Ejecutivo sostienen que esto excede los límites de la libertad de expresión y afecta su honor institucional.

En caso de no haber rectificación, Orrego avanzará no solo con una demanda civil, sino también con acciones por calumnias e injurias, elevando el conflicto al plano judicial.

El episodio se inscribe en un contexto más amplio: varios gobernadores ya iniciaron o evalúan medidas similares contra el mismo periodista. Entre ellos figuran Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), mientras que otros mandatarios analizan seguir el mismo camino.

Desde el Gobierno sanjuanino remarcaron que la imputación pública de delitos sin pruebas constituye una conducta que afecta la institucionalidad democrática y no puede ser tolerada.

El caso abre un nuevo frente de tensión entre el poder político y sectores del periodismo, con potencial impacto en el debate sobre límites legales de la libertad de expresión y el uso de la vía judicial ante denuncias mediáticas sin respaldo probatorio.