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MUNICIPIOS PREPARAN AMPAROS POR LA LÍNEA 500 KV

MUNICIPIOS PREPARAN AMPAROS POR LA LÍNEA 500 KV

Municipios, empresas mineras y el ente regulador provincial preparan acciones legales para frenar la prioridad otorgada a la empresa Vicuña sobre la capacidad eléctrica remanente por 25 años.

La decisión del Gobierno nacional de otorgar a la empresa minera Vicuña Argentina S.A. la prioridad sobre la capacidad remanente de la línea eléctrica de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo por 25 años desató una fuerte reacción en San Juan. Intendentes, compañías mineras y organismos provinciales preparan una ola de presentaciones judiciales y administrativas para intentar frenar la medida.

El primero en manifestar su rechazo fue el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que cuestionó la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y solicitó que el tema sea debatido en una audiencia pública en la provincia. El organismo sostiene que la infraestructura es estratégica para el sistema energético sanjuanino y que su uso no puede quedar condicionado a un actor privado.

Municipios preparan acciones judiciales

La reacción también llegó desde los departamentos del norte provincial. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó la resolución como un “avasallamiento” al desarrollo regional y confirmó que su municipio prepara un recurso de amparo y una medida cautelar de no innovar.

Las presentaciones se realizarán antes del vencimiento de los plazos legales, previsto entre este viernes y las primeras horas del lunes, mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD).

El jefe comunal advirtió que, de mantenerse la resolución, cualquier proyecto o ampliación energética en la zona debería contar con autorización de la empresa minera, lo que —según planteó— podría afectar inversiones y el abastecimiento eléctrico de las comunidades.

En paralelo, el municipio de Iglesia analiza alternativas legales junto a sus asesores jurídicos, mientras que Jáchal aún no fijó una posición pública aunque se espera que acompañe el reclamo regional.

Tensión en el sector minero

El conflicto también abrió una grieta dentro del propio sector minero sanjuanino. Operadores de proyectos de gran escala como Los Azules y El Pachón observan con preocupación la posibilidad de que hasta el 90 % de la capacidad disponible de la línea quede bajo control de una sola empresa.

Fuentes del sector consideran que ese esquema podría generar un virtual monopolio sobre una infraestructura clave, obligando a otros proyectos a depender de un competidor directo para acceder a energía.

Ante ese escenario, algunas compañías analizan alternativas, entre ellas la construcción de líneas eléctricas propias desde Mendoza, aunque se trata de obras de gran complejidad técnica y alto costo.

Infraestructura financiada en la provincia

Uno de los principales argumentos del rechazo es el origen de la infraestructura. La línea de extra alta tensión de 500 kV, que conecta la estación transformadora Nueva San Juan con Rodeo, fue construida con aportes provinciales y fondos provenientes de los usuarios del servicio eléctrico a través de sus facturas.

Por ese motivo, intendentes y organismos provinciales sostienen que la decisión nacional podría comprometer una infraestructura financiada por los sanjuaninos y limitar su disponibilidad para futuras demandas energéticas.

En el plano político, la diputada nacional Nancy Picón anticipó que defenderá los intereses de la provincia en el Congreso junto al gobernador Marcelo Orrego, mientras que el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, señaló que el organismo aún no recibió una solicitud formal para intervenir.

Una disputa que puede escalar

Con los plazos legales corriendo y los equipos jurídicos trabajando contra reloj, el conflicto promete escalar en los próximos días. La disputa no sólo involucra aspectos regulatorios y energéticos, sino también el futuro del desarrollo minero y productivo de San Juan.

Las presentaciones judiciales que se preparan podrían abrir una batalla legal clave por el control y uso de una de las infraestructuras energéticas más estratégicas de la provincia, con impacto directo en inversiones, competitividad minera y seguridad del suministro eléctrico.