Volver al inicio

Servicios

Búsqueda

Quienes Somos

Secciones

MINERÍA Y LICENCIA SOCIAL: UN EQUILIBRIO FRÁGIL

Un especialista sostiene que el respaldo social es inestable y reactivo, mientras crece la tensión política entre provincias.

La discusión sobre la minería en Argentina vuelve a plantear el tema de la licencia social, un concepto clave que, según especialistas, es dinámico, frágil y altamente condicionado por el contexto político y social.

El director del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (OPPS), Antonio De Tomasso, afirmó en el programa De Sobremesa que la aceptación social “nunca está completamente asegurada” y funciona como “un electrocardiograma, donde un acierto la eleva y un error la derrumba” .

El análisis se da en un escenario donde provincias como San Juan y Catamarca sostienen una postura activa a favor del desarrollo minero, mientras otras jurisdicciones, como La Rioja, plantean modelos más restrictivos, con mayor intervención estatal y exigencias de valor agregado.

De Tomasso destacó que, pese a esas diferencias políticas, el respaldo social en algunas provincias es significativo. En La Rioja, por ejemplo, el 63% de la población apoya la minería, y existen al menos 14 proyectos de exploración autorizados .

Sin embargo, el especialista advirtió que las empresas suelen medir la aceptación social de manera reactiva: “Se preocupan por la licencia social cuando hay conflictos, no de forma preventiva”, lo que limita la construcción de confianza sostenida.

El concepto de licencia social incluye variables como confianza, transparencia, diálogo con las comunidades, desarrollo sostenible y sentido de pertenencia, factores que pueden cambiar rápidamente según el comportamiento de los proyectos.

En paralelo, el debate también tiene una fuerte carga política. “Cada provincia defiende sus intereses en un país federal”, señaló De Tomasso, marcando que las diferencias responden a visiones ideológicas y económicas distintas.

Con un año electoral en el horizonte y la minería como eje estratégico de desarrollo, la disputa por la licencia social se vuelve central. El desafío para gobiernos y empresas será pasar de una lógica reactiva a una estrategia sostenida que garantice consenso y estabilidad a largo plazo.