La nueva ley habilita minería en zonas periglaciales y refuerza el rol de las provincias, en medio de fuerte debate ambiental.

El presidente Javier Milei promulgó la reforma de la Ley de Glaciares, una norma que entra en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y que redefine el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo minero en Argentina.

La modificación, aprobada por el Congreso con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, introduce cambios clave: otorga a las provincias la potestad de definir zonas periglaciales donde podrán autorizar actividades extractivas, bajo criterios propios.

El Gobierno justificó la iniciativa como una herramienta para “ordenar el marco normativo” y fortalecer el federalismo, al tiempo que busca impulsar inversiones en sectores estratégicos como litio, cobre y oro, hoy en expansión.

La norma actualiza la ley sancionada en 2010, que establecía la protección de glaciares como reservas estratégicas de agua. Si bien mantiene ese principio, incorpora una visión orientada a compatibilizar preservación ambiental con desarrollo económico.

Desde el sector empresario, sostienen que no todas las áreas periglaciales cumplen funciones hídricas críticas, por lo que una evaluación caso por caso permitiría habilitar proyectos sin afectar recursos esenciales.

Sin embargo, la reforma generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre riesgos en la protección de reservas de agua y cuestionan la apertura a intereses privados en zonas sensibles. En ese marco, la provincia de La Pampa ya presentó un amparo judicial solicitando la inconstitucionalidad de la norma.

Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento del rol provincial, en línea con el artículo 124 de la Constitución, lo que podría acelerar decisiones sobre proyectos mineros en distritos cordilleranos.

Con la ley ya vigente, se abre una nueva etapa donde el foco estará en su implementación concreta. El desafío será equilibrar la llegada de inversiones con la preservación de recursos hídricos, en un debate que seguirá marcando la agenda política, económica y ambiental del país.