El Gobierno autorizó hasta $400.000 millones para provincias y apuesta a recomponer alianzas clave en el Congreso.

En un movimiento con impacto fiscal y político, el Gobierno de Javier Milei habilitó un adelanto de hasta $400.000 millones en fondos de coparticipación para 12 provincias, con el objetivo de recomponer vínculos con los gobernadores y acelerar el tratamiento de reformas en el Congreso.

La decisión, que se oficializará en el Boletín Oficial, llega en un contexto de fuerte deterioro en las cuentas provinciales y de parálisis legislativa durante marzo. En la Casa Rosada consideran prioritario “recuperar agenda” y capitalizar la ventana de apoyo de aliados para impulsar iniciativas clave.

El paquete incluye distritos alineados con el oficialismo —como Chaco, Mendoza, Salta y Tucumán— pero también provincias opositoras como La Rioja y Tierra del Fuego, lo que evidencia una estrategia de ampliación de acuerdos políticos. En el paquete inicial no figura San Juan,

Desde el Ejecutivo admiten que el respaldo de los gobernadores es determinante para avanzar con proyectos sensibles, entre ellos la modificación de la Ley de Glaciares, que ya genera fuerte resistencia y más de 100.000 inscriptos para exponer en audiencias públicas.

El trasfondo es crítico: en marzo, las transferencias automáticas cayeron 11,3% respecto a febrero, mientras que en el primer trimestre las provincias perdieron más de $1,15 billones en términos reales. La recaudación acumula ocho meses de caída, lo que tensiona paritarias y eleva el riesgo de endeudamiento.

El esquema de adelantos prevé devolución antes de fin de año con una tasa del 15%, significativamente menor al costo del financiamiento externo, que oscila entre 30% y 45%. La medida busca evitar que las provincias recurran al crédito internacional en un contexto de fragilidad fiscal generalizada.

En paralelo, se detectan gestos de distensión política: gobernadores históricamente enfrentados con Nación comenzaron a retomar contactos o evaluar adhesiones a iniciativas oficiales como el RIGI, en busca de inversiones y alivio financiero.

El Gobierno apuesta a sostener esta dinámica al menos hasta agosto, en lo que define como el tramo más reformista de la gestión. Sin embargo, el margen es estrecho: la crisis fiscal es transversal y, como reconocen en el oficialismo, “las vacas flacas son para todos”.

El éxito de la estrategia dependerá de si el auxilio financiero logra traducirse en gobernabilidad legislativa. De lo contrario, el Ejecutivo enfrentará el riesgo de sostener costos fiscales sin garantizar avances concretos en su agenda de reformas estructurales.