El presidente Javier Milei sorprendió este martes con un anuncio que sacudió la agenda parlamentaria: el Ejecutivo enviará este miércoles al Congreso el proyecto de reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la implementación de ficha limpia. El mandatario lo anticipó a través de un posteo en la red social X, donde cerró con una de sus frases características: «Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo.»
La iniciativa no llegó de improviso. La reforma había comenzado a cobrar forma el viernes pasado durante una reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde se delinearon los puntos principales.
Uno de los más llamativos es la inclusión de ficha limpia, una demanda histórica de sectores de la oposición que el oficialismo incorporó con un propósito estratégico claro: utilizar la propuesta como anzuelo para captar a aquellos bloques que reclaman su puesta en marcha.
El historial del tema no es auspicioso para el Gobierno. En 2024, el oficialismo postergó en dos oportunidades su tratamiento en la Cámara de Diputados y, cuando finalmente llegó la posibilidad de convertirla en ley en el Senado, en mayo del año pasado, dos senadores misioneros que responden a Carlos Rovira la hundieron con su voto en contra. Rovira argumentó entonces que actuaba por pedido del propio presidente, lo que generó un escándalo político de primera magnitud.
Ahora la apuesta es diferente. En la mesa política se acordó incluir ficha limpia como incentivo para que los bloques reticentes se sientan al menos obligados a considerar la iniciativa y no la archiven como ocurrió en oportunidades anteriores. También se decidió que el proyecto sería enviado al Senado, una cámara más accesible para conseguir las mayorías necesarias.
El eje más conflictivo de la reforma sigue siendo la eliminación de las PASO. Distintas vertientes de la oposición se resisten a avalarla porque, en medio del desorden partidario que atraviesan, reconocen que necesitan de esa instancia para definir candidaturas de cara a las elecciones del año próximo. El propio oficialismo asume que le será difícil reunir los 129 votos en Diputados y los 37 en el Senado para eliminar las primarias, dado que ni siquiera sus aliados de Pro y la UCR estarían dispuestos a acompañar.
En materia de ficha limpia, el proyecto propone reformar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para ampliar las restricciones a quienes pretendan competir en elecciones. No podrán ser candidatos quienes estén procesados por genocidio, crímenes de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos, ni el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, ni magistrados del Poder Judicial, ni directores de empresas concesionarias de servicios públicos. Además, quienes queden alcanzados por estas restricciones tampoco podrán ejercer como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios ni directores de organismos estatales.
El envío al Congreso abre un nuevo frente legislativo en un momento en que el Gobierno ya lidia con debates sensibles como discapacidad y financiamiento universitario. La reforma política se suma al tablero con chances inciertas, pero con la voluntad oficial de forzar una definición antes de los comicios de 2027.
