El Gobierno nacional dio marcha atrás con un artículo clave de la reforma laboral tras el reclamo de los gobernadores, que advertían un fuerte impacto sobre la coparticipación.

San Juan fue una de las provincias que expresó reparos al artículo del proyecto de Reforma Laboral que proponía reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades. La iniciativa, impulsada por la gestión del presidente Javier Milei, generó un fuerte rechazo entre los mandatarios provinciales por el impacto que tendría sobre los recursos coparticipables.

En ese contexto, y tras los planteos formulados por el gobernador Marcelo Orrego, junto a otros gobernadores, el Gobierno nacional decidió retirar el capítulo referido a la baja de Ganancias. La definición se dio en el marco de las negociaciones políticas y legislativas que rodean al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso.

El reclamo de las provincias tomó mayor fuerza durante la gira que el ministro del Interior, Diego Santilli, realizó por distintos distritos para dialogar con gobernadores considerados dialoguistas. En esos encuentros, los mandatarios locales expusieron su disconformidad con el artículo cuestionado y advirtieron sobre las consecuencias fiscales de avanzar con esa modificación impositiva.

El punto en discusión formaba parte del artículo 191 del proyecto de reforma laboral. Allí se proponía reducir la alícuota del impuesto a las sociedades del 30% al 27% para el segundo tramo de facturación y reemplazar la tasa del 35% por una del 31,5% para el tercer tramo, lo que implicaba una menor recaudación del tributo.

La preocupación de los gobernadores se sustentó en datos concretos. Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que, de aprobarse la medida, San Juan podría perder alrededor de $36.721 millones anuales en recursos coparticipables. En la región de Cuyo, Mendoza encabezaba el ranking de pérdidas proyectadas, seguida por San Juan y San Luis.

Según ese mismo estudio, el impacto fiscal no se hubiera reflejado de manera inmediata, sino a partir de 2027, cuando las empresas presentaran las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal previo y se liquidaran los anticipos impositivos. Los fondos afectados forman parte de la masa coparticipable que se distribuye entre las provincias, lo que encendió las alarmas en un contexto de restricción presupuestaria.

El artículo 191 se convirtió así en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y las provincias desde el inicio del debate de la reforma laboral. En conversaciones políticas previas al tratamiento legislativo, varios mandatarios y ministros de Economía habían anticipado que no acompañarían el proyecto si se mantenía esa modificación tributaria.

En el plano legislativo, el escenario tampoco era favorable para el oficialismo. En el Senado se proyectaban dos votos negativos y uno positivo por San Juan, mientras que en la Cámara de Diputados el panorama aparecía fragmentado, con posiciones divididas entre el acompañamiento, el rechazo y los reparos parciales al proyecto.

Ante ese escenario, el Ejecutivo nacional evaluó alternativas para sostener la iniciativa, como condicionar la reducción del impuesto a determinados niveles de crecimiento económico o postergar su aplicación en el tiempo. Sin embargo, esas opciones no lograron consenso suficiente.

Finalmente, en reuniones de la mesa política del oficialismo, se resolvió eliminar la baja del impuesto a las Ganancias del proyecto, una decisión que fue interpretada como una concesión clave para destrabar el debate y garantizar el avance del resto de la reforma laboral en el Congreso.