El director del portal Minería & Desarrollo analizó en el programa De Sobremesa el proyecto de Ley de Desarrollo Minero Local. Advirtió sobre su complejidad jurídica, el impacto que podría tener en las inversiones y la necesidad de preservar la licencia social de la actividad.
¿Cómo evalúa el proyecto de Ley de Desarrollo Minero Local?
Creo que no tiene lógica empresaria. Hay un planteo que entra en tensión con las reglas del libre mercado y además se superpone con normas nacionales, como el RIGI, que ya establece criterios sobre el compre local. A eso se suma un hecho que cambió el escenario: la contratación de un campamento minero a una empresa china. Ese episodio marcó un antes y un después en la discusión porque dejó en evidencia que, si se deja demasiado margen a las compañías, terminan priorizando únicamente los costos.
¿La ley puede aplicarse sin dificultades?
No. Me parece que será una norma muy difícil de aplicar, incluso si consigue el respaldo político necesario para ser aprobada. Ya hay cámaras empresarias que plantean modificaciones y ahora todas las miradas están puestas en la reglamentación. Ahí estará la verdadera discusión.
¿Existe el riesgo de que la ley termine judicializada?
Sí. Nada garantiza que las empresas no planteen su inconstitucionalidad. Cuando se intenta legislar sobre cuestiones que ya tienen un marco jurídico superior, puede ocurrir que la norma termine sin aplicación efectiva. Por eso también será necesario generar mecanismos de consenso y buena voluntad con las compañías.
¿Qué impacto puede tener sobre las inversiones mineras?
Los inversores buscan previsibilidad. Estamos hablando de proyectos que implican inversiones de US$ 3.000 millones, US$ 10.000 millones o incluso US$ 19.000 millones, como ocurre con Vicuña. Si aparece una norma que genera incertidumbre jurídica o la posibilidad de litigios, un directorio puede decidir esperar antes de aprobar una inversión. Eso puede traducirse en demoras o, directamente, en la postergación de proyectos.
¿Por qué el debate tomó tanta fuerza en los últimos meses?
Porque el caso del campamento adjudicado a una empresa china terminó de romper el equilibrio que existía entre quienes defendían el libre mercado y quienes reclamaban mayores controles. Ese episodio mostró que el desarrollo minero necesita contrapesos para garantizar oportunidades a los proveedores sanjuaninos.
¿Qué papel cumple la licencia social en este debate?
Es fundamental. Si la comunidad observa que los grandes contratos quedan en empresas de otras provincias o del exterior, la licencia social se deteriora. Lo que se está discutiendo no es si los proveedores locales deben participar, sino cuál es la mejor herramienta para lograrlo sin afectar las inversiones.
¿Qué opinión le merece la creación del ReproMin?
Me parece una herramienta necesaria. Muchas empresas utilizan plataformas privadas de contratación con requisitos que dejan afuera a proveedores sanjuaninos. El ReproMin busca equilibrar esa situación para que ninguna empresa quede marginada simplemente por no cumplir condiciones impuestas por plataformas privadas.
Algunos sectores sostienen que la minería todavía no llegó a San Juan. ¿Coincide con esa visión?
No. La minería ya empezó. Hoy hay 18 proyectos en exploración solo en Calingasta y, según datos de GEMERA, Argentina invierte alrededor de US$ 375 millones por año en exploración, de los cuales casi el 70% se concentra en San Juan. El movimiento económico ya existe.
Entonces, ¿por qué gran parte de la sociedad siente que esos beneficios aún no llegan?
Porque existe un problema de expectativas. La gente mira su realidad cotidiana y espera ver resultados inmediatos. Pero la minería no genera beneficios directos para todos. El verdadero impacto debe producirse cuando el Estado transforma los impuestos y las regalías en obras, salud, educación e infraestructura que lleguen a toda la comunidad.
¿Qué aspecto será determinante en adelante?
Sin dudas, la reglamentación. Muchas veces las leyes terminan definiéndose en esa instancia e incluso puede modificarse el espíritu con el que fueron aprobadas. Por eso, el desafío será encontrar un equilibrio entre el desarrollo de proveedores locales, la seguridad jurídica y la llegada de nuevas inversiones. Ese será el verdadero examen para la futura Ley de Desarrollo Minero Local.
