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MARTÍN: «EL GOBIERNO DE LA RIOJA ESTÁ ALEJADO DE LA REALIDAD»

Martín cuestionó a La Rioja por el freno judicial al proyecto y descartó escalar el conflicto por ahora.

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, criticó con dureza la resolución judicial de La Rioja que limita la actividad del proyecto minero Vicuña y sostuvo que el gobierno de esa provincia “está alejado de la realidad”, en medio de una creciente tensión interprovincial.

La medida, dictada por una jueza de Chilecito, establece la suspensión de actividades por 30 días y prohíbe la circulación de maquinaria y vehículos hacia el emprendimiento a través de territorio riojano, afectando un corredor clave para la operación.

Martín calificó la situación como “incómoda” y consideró que avanzar con una respuesta judicial por parte de San Juan sería “extremo”. En cambio, remarcó que la estrategia oficial apunta a priorizar el diálogo institucional para resolver el conflicto sin escalar la disputa.

“La provincia tiene su postura y va a defender los derechos de San Juan, pero tiene que primar el diálogo para que esto pase rápidamente al olvido”, afirmó el funcionario.

El conflicto se originó tras una presentación del Fiscal de Estado de La Rioja, que derivó en una medida de carácter urgente al considerar que la actividad minera —ubicada a 1,5 kilómetros del límite provincial— podría generar impactos ambientales en su territorio. En ese marco, se reclamó la presentación del Informe de Impacto Ambiental completo.

Desde San Juan, en tanto, indicaron que aún no recibieron notificación formal, lo que limita cualquier acción inmediata. Fiscalía de Estado evalúa los pasos a seguir en función de la evolución del expediente.

El caso expone un nuevo foco de tensión política con la administración riojana encabezada por Ricardo Quintela y pone en juego intereses económicos estratégicos vinculados a la minería, uno de los pilares productivos de San Juan.

A corto plazo, el Gobierno provincial buscará encauzar la situación por la vía diplomática, aunque el desenlace podría derivar en una disputa jurídica si no se alcanza un acuerdo, con impacto directo sobre la actividad minera y la relación entre ambas provincias.