La defensa de los tres imputados solicitó medidas urgentes de protección al advertir que sufrían episodios de violencia, hostigamiento y extorsiones por parte de otros internos. Las autoridades penitenciarias dispusieron su traslado a otro sector del establecimiento.

Los tres principales imputados en la investigación por la presunta estafa millonaria vinculada a Branka Motors fueron trasladados a otro pabellón del Servicio Penitenciario Provincial luego de que su defensa denunciara que atravesaban una situación de riesgo dentro del establecimiento carcelario.

El pedido fue presentado por el abogado José Daniel Tejada, quien requirió de manera urgente que Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega recibieran resguardo físico. Según expuso, los acusados, alojados inicialmente en el Pabellón Nº 2, Sector 1 —correspondiente a la parte antigua del Penal de Chimbas—, eran víctimas de amenazas constantes, agresiones físicas, humillaciones, extorsiones y distintos episodios de hostigamiento por parte de otros internos.

En el planteo judicial, el defensor advirtió que existía un riesgo concreto para la integridad física y emocional de sus representados, por lo que solicitó que fueran reubicados en el Sector 4, Pabellón 1, conocido como «Los Espartanos». El requerimiento fue atendido rápidamente y las autoridades penitenciarias ordenaron el cambio de alojamiento.

Los hermanos Marcó y Banega permanecen detenidos con prisión preventiva por un plazo de cinco meses, medida dispuesta por la jueza de Garantías Ana Carolina Parra tras el incumplimiento del acuerdo económico que habían alcanzado con las querellas y el Ministerio Público Fiscal.

Ese convenio contemplaba el pago de 524 millones de pesos en cinco cuotas como forma de reparación para las 352 personas que denunciaron haber sido perjudicadas por la operatoria de Branka Motors. Sin embargo, el compromiso quedó sin efecto luego de que los imputados no realizaran el primer desembolso previsto.

Durante la audiencia en la que se analizó la situación, el fiscal Guillermo Heredia cuestionó el comportamiento de los acusados al sostener que no actuaron con buena fe y que contaban con recursos suficientes para cumplir con el acuerdo asumido.

Por su parte, los abogados querellantes afirmaron que la conducta de los imputados constituyó una «doble estafa»: primero hacia los damnificados por la presunta maniobra defraudatoria y luego hacia el propio sistema judicial, al comprometer un pago que finalmente no pudieron concretar.

En un primer momento, Alexis Marcó y Facundo Banega manifestaron que la transferencia correspondiente a la primera cuota ya había sido realizada. No obstante, una representante de la Oficina de Medidas Alternativas informó que no existía constancia alguna de ese depósito. Posteriormente, los propios acusados reconocieron que no habían conseguido el financiamiento que esperaban obtener en Mendoza ni habían logrado ejecutar pagarés para reunir el dinero.

Ante ese escenario, la magistrada dejó sin efecto el acuerdo de reparación, ordenó que continúe la investigación —que tiene plazo hasta marzo del próximo año— y dispuso que los tres imputados regresaran al Servicio Penitenciario Provincial por cinco meses. Entre los fundamentos de la resolución mencionó el riesgo de entorpecimiento del proceso, los antecedentes de incumplimientos durante el período en que estuvieron en libertad y la existencia de vínculos fuera de la provincia.

Fue después de ese regreso al penal cuando, de acuerdo con la denuncia presentada por la defensa, comenzaron los episodios de violencia que motivaron el pedido de protección y el posterior traslado de los tres acusados a un sector diferente del establecimiento penitenciario.