El rector Tadeo Berenguer destacó la decisión de la Corte Suprema que dejó firme una cautelar para actualizar salarios universitarios y recomponer becas estudiantiles. La universidad considera que el fallo fortalece el reclamo por el financiamiento del sistema público.
El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización de salarios docentes y nodocentes y a la recomposición de las becas estudiantiles.
La resolución del máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo al considerar que no existía una sentencia definitiva, por lo que mantuvo vigente la cautelar dictada por instancias judiciales anteriores. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Para Berenguer, la decisión constituye «un gran paso» en el reclamo que sostienen las universidades nacionales desde el año pasado para que se cumpla la ley aprobada por el Congreso. Aunque reconoció que el impacto económico inmediato será limitado, remarcó que el pronunciamiento representa una señal política y judicial favorable al financiamiento universitario.
El rector recordó que el 10 de junio el Gobierno nacional se comprometió a transferir fondos para una actualización del 24,33% de la masa salarial, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta $50.000 millones. Sin embargo, sostuvo que el conflicto continúa porque la ley aún no se aplica en los términos reclamados por el sistema universitario.
Berenguer repasó que la norma fue aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por ambas cámaras al rechazarse el veto presidencial. Según afirmó, frente al incumplimiento de esa legislación, 49 rectores de universidades nacionales impulsaron una demanda judicial contra el Estado nacional para exigir su aplicación.
La cautelar ratificada por la Corte alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de los salarios universitarios desde 2023 y la recomposición de las becas para estudiantes. «Eso sí, categóricamente, lo deben cumplir», afirmó el rector, al tiempo que señaló que el resto de la normativa continuará siendo analizado por la Justicia.
Berenguer sostuvo además que el debate trasciende la discusión presupuestaria y se vincula con la obligación del Estado de garantizar el derecho constitucional a la educación pública. En ese sentido, consideró que el fallo también refleja el respaldo institucional al reclamo de la comunidad universitaria y al acompañamiento social que recibió durante el conflicto.
Si bien la resolución no pone fin a la discusión sobre el financiamiento de las universidades nacionales, deja vigente una obligación concreta para el Gobierno: avanzar con la actualización salarial y la recomposición de las becas mientras continúa el tratamiento judicial del resto de la Ley de Financiamiento Universitario.
