El Senado debate la reforma que podría modificar la protección ambiental y redefinir el esquema productivo en provincias mineras como San Juan.

El Senado sesiona desde las 11 con un temario que combina política exterior, designaciones diplomáticas y uno de los debates ambientales más sensibles de los últimos años: la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo, propone redefinir los criterios de protección y otorgar mayor injerencia a las provincias en la determinación de qué geoformas deben preservarse. En términos concretos, habilitaría actividades económicas —entre ellas la minería— en zonas actualmente vedadas, siempre que no cumplan función estratégica como reserva hídrica.

El proyecto mantiene la creación del Inventario Nacional de Glaciares, pero establece que sólo se individualizarán aquellas formaciones que acrediten ser reserva estratégica de recursos hídricos o proveedoras de agua para la recarga de cuencas. Un cambio sustancial radica en que, si una autoridad provincial determina que un cuerpo no cumple esa función, podrá avanzar con autorizaciones ambientales incluso si el organismo técnico nacional no actualiza el registro de inmediato.

Además, la reforma modifica el artículo de prohibiciones. La actividad minera dejaría de estar automáticamente vedada en glaciares y ambiente periglacial y pasaría a depender de si la provincia la clasifica como “alteración relevante” a través de una Evaluación de Impacto Ambiental.

El oficialismo asegura contar con los votos necesarios, aunque el poroteo es ajustado y exhibe divisiones en bloques aliados. En el caso de San Juan, las posturas no son homogéneas y reflejan la histórica tensión entre la defensa del desarrollo minero y las advertencias ambientales.

La discusión excede lo técnico. Se trata de un debate estructural sobre federalismo, recursos naturales y modelo productivo. La ley vigente, sancionada en 2010, estableció una protección integral basada en el principio precautorio. La modificación, en cambio, introduce una interpretación que prioriza la utilización racional de los recursos bajo la órbita provincial.

Mientras sectores productivos celebran la posibilidad de ampliar la frontera minera, organizaciones ambientalistas alertan que el nuevo esquema podría debilitar la tutela sobre reservas estratégicas de agua dulce.

La votación marcará un punto de inflexión. No sólo por el impacto jurídico inmediato, sino porque redefine el delicado equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental en la región cordillerana.