Periodistas acudieron a la Iglesia ante el cierre de acreditaciones en Casa Rosada y la falta de diálogo con el Gobierno.

En medio de un creciente conflicto por las restricciones al trabajo periodístico en Casa Rosada, un grupo de cronistas acreditados fue recibido por Jorge Lozano, presidente de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El encuentro se dio tras la suspensión de acreditaciones por tiempo indeterminado, una medida adoptada por el gobierno de Javier Milei.

La decisión oficial se produjo luego de una denuncia de Casa Militar contra dos periodistas, acusados de “espionaje ilegal” y de comprometer la “seguridad nacional”, lo que derivó en el cierre de la histórica sala de prensa. El espacio, activo desde 1940, es considerado clave para la cobertura diaria de la actividad gubernamental.

Durante la reunión, los trabajadores expusieron su preocupación por lo que definieron como un endurecimiento progresivo de las condiciones de trabajo: reducción de acreditaciones, mayores controles de acceso y menor contacto con funcionarios. “Fuimos atentamente escuchados”, señalaron tras el encuentro, que calificaron como positivo aunque sin resultados concretos inmediatos.

El trasfondo del conflicto refleja un cambio en la estrategia comunicacional del Ejecutivo, que prioriza canales directos como redes sociales y vocerías limitadas, en detrimento del vínculo tradicional con la prensa acreditada. A esto se suman críticas públicas del Presidente hacia periodistas y medios, lo que profundiza el clima de confrontación.

En el plano político, la situación generó reacciones de la oposición y de organizaciones periodísticas, que reclamaron la restitución de las acreditaciones y la reapertura de la sala. Incluso legisladores se hicieron presentes en Casa Rosada para respaldar el pedido.

El arzobispo Lozano se comprometió a analizar el planteo dentro del Episcopado, en un gesto que introduce a la Iglesia como posible mediadora institucional en un conflicto que escala. Además, durante el encuentro se hizo eco de llamados a reducir la violencia discursiva en el debate público.

Aunque trascendió que el Gobierno podría revisar la medida en los próximos días, el episodio deja expuesta una tensión de fondo: el equilibrio entre seguridad, comunicación oficial y libertad de prensa. La resolución del conflicto será clave para definir el modelo de relación entre el poder político y los medios en la actual gestión.