El oficialismo busca tratar en extraordinarias la aclaratoria a la norma ambiental antes del inicio del período ordinario.

La discusión por la aclaratoria a la Ley de Glaciares vuelve a tomar protagonismo en el Congreso de la Nación. Luego de quedar relegada por otros proyectos de alto impacto político, el Gobierno nacional intenta incorporarla al temario de sesiones extraordinarias, con la intención de debatirla antes del 1 de marzo, cuando se inaugure formalmente el período ordinario.

La confirmación llegó de la mano de legisladores nacionales por San Juan. El senador Bruno Olivera aseguró que la iniciativa forma parte de los temas que el oficialismo considera prioritarios en el cierre de las extraordinarias. “Hay tres cuestiones fundamentales que se quieren tratar y una de ellas es la aclaratoria a la Ley de Glaciares”, explicó, al tiempo que remarcó el interés que el proyecto genera en las provincias mineras.

En declaraciones radiales, Olivera detalló que la agenda también incluye la baja de la edad de imputabilidad, que ya cuenta con media sanción, y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, advirtió que la inclusión definitiva de la Ley de Glaciares en el orden del día dependerá de acuerdos políticos que aún no están cerrados.

En la misma línea se expresó el diputado nacional José Peluc, quien recientemente asumió como presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, un dato clave para el futuro del debate. “La voluntad es poder discutirlo en extraordinarias, pero todo va a depender del consenso que se logre para ponerlo en agenda”, sostuvo, al tiempo que reconoció que el escenario parlamentario obliga a avanzar con cautela.

Peluc señaló además que existe una demanda concreta de los gobernadores de provincias mineras, entre ellas San Juan, para avanzar con la aclaratoria, aunque aclaró que todavía no está claro cuántos votos efectivos acompañarían la iniciativa en el recinto.

El proyecto apunta a redefinir el concepto de “ambiente periglacial”, uno de los aspectos más controvertidos de la ley vigente, y a otorgar mayor participación a las provincias en la identificación de las áreas alcanzadas por la protección ambiental. En términos prácticos, la propuesta busca que los gobiernos provinciales tengan un rol más activo en la evaluación de proyectos productivos dentro de sus territorios, sin modificar el esquema de presupuestos mínimos establecido a nivel nacional.

Según los antecedentes legislativos y el impulso actual del oficialismo, la Cámara de Diputados sería la cámara de origen del debate, donde el tema debería comenzar a discutirse en comisión antes de llegar al recinto. En ese esquema, el rol de la Comisión de Ambiente aparece como determinante para destrabar o demorar el tratamiento.

No obstante, el avance de la iniciativa dependerá del equilibrio de fuerzas en el Congreso y de la capacidad del oficialismo para ordenar prioridades en una agenda marcada por reformas estructurales y debates sensibles. Con el calendario corriendo hacia el 1 de marzo, el Gobierno busca cerrar definiciones.

Si la aclaratoria a la Ley de Glaciares logra ingresar formalmente al temario y obtener dictamen, podría convertirse en uno de los debates más relevantes para las provincias cordilleranas antes del inicio del período legislativo ordinario, con impacto directo en el futuro de la actividad minera y en la relación entre Nación y provincias.