El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados y busca asegurar que el crecimiento de la actividad minera tenga un impacto directo en trabajadores, empresas y comunidades de San Juan.

En medio del fuerte crecimiento que atraviesa la minería en San Juan, el Gobierno provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que apunta a fortalecer la participación de trabajadores y empresas locales en los grandes emprendimientos del sector. La iniciativa, denominada «Ley de Desarrollo Local Minero», establece por primera vez parámetros concretos para promover el empleo sanjuanino y potenciar a los proveedores de la provincia.

La propuesta, firmada por el gobernador Marcelo Orrego, busca que la expansión minera se traduzca en beneficios directos para las comunidades y plantea la elaboración obligatoria de planes de desarrollo por parte de las compañías y sus principales contratistas. Estos programas deberán incluir objetivos progresivos, mecanismos de seguimiento y reportes periódicos sobre su cumplimiento.

El envío del proyecto se produce en un escenario marcado por millonarias inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que contempla desembolsos superiores a los 31.200 millones de dólares en cinco proyectos mineros. Además, San Juan concentra cuatro de los siete yacimientos de cobre de clase mundial existentes en Argentina.

Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa no pretende imponer cupos ni limitar la competencia, sino generar previsibilidad y transparencia en torno al desarrollo de la actividad. En ese sentido, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, afirmó que la experiencia internacional demuestra que el verdadero impacto de la minería depende de su capacidad para generar empleo y desarrollo económico sostenido.

Por su parte, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, señaló que la norma trasciende el concepto tradicional de una ley de proveedores y destacó que también busca incentivar la contratación de mano de obra local por parte de las empresas y sus contratistas.

El proyecto se apoya en tres pilares fundamentales. El primero apunta a que el 80% del personal que se desempeñe en cada operación minera tenga residencia en San Juan, otorgando prioridad a los departamentos directamente vinculados con los emprendimientos. El segundo establece como meta que el 60% de las contrataciones de bienes, obras y servicios recaiga en empresas sanjuaninas, siempre que existan condiciones competitivas de mercado. El tercer eje busca articular las acciones de responsabilidad social empresaria con los planes de desarrollo definidos por los municipios.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la obligación de las compañías de publicar con anticipación sus necesidades de bienes y servicios, permitiendo que las firmas locales puedan prepararse para competir y adecuar su capacidad productiva a la demanda futura.

Además, el proyecto contempla la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base pública y digital destinada a identificar a las empresas con arraigo real en la provincia. Para formar parte del registro será necesario contar con domicilio operativo en San Juan, tributar localmente y acreditar que al menos el 80% de su personal es sanjuanino.

La normativa también prevé incentivos para aquellas operadoras que alcancen simultáneamente los objetivos de empleo y compras locales. En esos casos podrán acceder a certificados de crédito fiscal transferibles, que podrán ser cedidos a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales.

El control y la fiscalización quedarán bajo la órbita del Ministerio de Minería, que actuará como autoridad de aplicación con el apoyo de una unidad técnica interministerial y un consejo consultivo integrado por representantes del sector público y privado. Asimismo, se establecen sanciones para los casos de incumplimientos injustificados, aunque se contemplan excepciones cuando se demuestre la falta de oferta local o la realización de programas de capacitación.

La iniciativa reemplaza a la Ley 1208-M, que nunca llegó a implementarse, y fija un plazo de entre 60 y 90 días desde su entrada en vigencia para que las empresas presenten sus primeros planes. Según indicaron desde el oficialismo, el proyecto cuenta con respaldo de distintos bloques legislativos, lo que permitiría avanzar con su tratamiento en las próximas semanas.

Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca responder a una demanda histórica de las comunidades mineras: que la riqueza generada por la explotación de los recursos naturales se traduzca en más empleo, mayor desarrollo empresarial y beneficios concretos para los sanjuaninos.