Una medida cautelar suspendió la resolución nacional que había eliminado las contribuciones obligatorias al Plan Estratégico Vitivinícola. El sistema volverá a regir hasta que se resuelva el fondo de la causa.
La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y suspendió la aplicación de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que había eliminado los aportes obligatorios destinados al financiamiento del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
La decisión judicial restablece transitoriamente el régimen previsto por la Ley 25.849, por lo que vuelven a ser exigibles las contribuciones obligatorias que deben realizar las bodegas, elaboradores de mosto y exportadores de pasas de todo el país.
El fallo se dictó en el marco del amparo promovido por Coviar contra la resolución nacional. Aunque la cuestión de fondo todavía no fue resuelta, el tribunal consideró procedente suspender los efectos de la medida oficial mientras continúa el proceso judicial.
Regresa el esquema anterior
Con la cautelar en vigencia, el sistema de financiamiento del PEVI vuelve a operar bajo las condiciones establecidas por la ley que creó Coviar.
La resolución judicial también ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) continuar suministrando la información estadística necesaria para calcular las contribuciones correspondientes a cada establecimiento alcanzado.
Además, el organismo deberá retomar las acciones previstas por la legislación vigente para garantizar el cumplimiento de los aportes.
Esto implica que las empresas que incumplan con las obligaciones establecidas podrán volver a enfrentar las sanciones contempladas en la Ley 25.849, incluyendo medidas que afectan la operatoria de los establecimientos.
Un conflicto que divide al sector
La Resolución 55/2026 había sido impulsada por la Secretaría de Agricultura con el objetivo de eliminar el carácter obligatorio de los aportes que financian parte de las actividades de Coviar.
La medida generó posiciones contrapuestas dentro de la industria vitivinícola.
Mientras algunas entidades empresarias respaldaron la eliminación de las contribuciones obligatorias por considerarlas una carga adicional para las empresas, otros sectores defendieron el esquema vigente argumentando que permite sostener políticas de promoción, planificación estratégica y desarrollo para toda la cadena vitivinícola.
La discusión adquirió especial relevancia en provincias productoras como Mendoza y San Juan, donde la actividad representa uno de los principales motores económicos y exportadores.
Qué empresas deberán aportar
La restitución del sistema alcanza exclusivamente al sector industrial de la cadena vitivinícola.
Quedan comprendidas las bodegas elaboradoras de vino, los establecimientos productores de mosto y los exportadores de pasas, quienes deberán volver a realizar los aportes previstos por la normativa hasta que exista una sentencia definitiva.
Según los valores establecidos para 2025, las contribuciones son diferenciadas según el producto elaborado.
Para vino, mosto sulfitado, mosto virgen y otros productos sin concentración, el aporte se fijó en $0,847979 por litro elaborado.
Los productos fraccionados sin indicación varietal deberán abonar $0,714940 por litro, mientras que los vinos varietales, espumantes y vinos especiales tendrán una contribución de $1,171074 por litro.
En el caso del mosto concentrado destinado al mercado interno o a la exportación, el aporte asciende a $4,382024 por litro.
Por su parte, los establecimientos que procesan uva fresca o pasas deberán contribuir con $0,702215 por kilo de uva ingresada.
Impacto institucional
La resolución representa un respaldo judicial para la estrategia impulsada por Coviar y mantiene vigente, al menos de manera provisoria, uno de los principales mecanismos de financiamiento del PEVI.
El caso también abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el rol de los aportes obligatorios dentro de la actividad vitivinícola y sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para modificar esquemas establecidos por ley.
Mientras avanza el trámite del amparo, las contribuciones volverán a ser exigibles y el sistema funcionará bajo las reglas anteriores. La definición definitiva quedará en manos de la Justicia, que deberá resolver si la Resolución 55/2026 se ajusta o no al marco legal vigente.
Para la industria vitivinícola, la decisión tiene un impacto inmediato: restablece una herramienta clave de financiamiento sectorial y reabre un debate que divide a empresas, entidades productivas y organismos vinculados a una de las economías regionales más importantes del país.
Fuente: Los Andes
