La Cámara rechazó la apelación del Gobierno y exigió aplicar de inmediato la ley, en medio de paros y tensión presupuestaria.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional implementar de forma inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar la apelación oficial y ratificar la medida cautelar vigente. El fallo se produce en un contexto de paros docentes y reclamos salariales en universidades de todo el país.
El tribunal fue categórico al cuestionar la postura del Ejecutivo: calificó sus argumentos como “poco serios” y remarcó que la norma fue aprobada por el Congreso con dos tercios de los votos, lo que le otorga plena vigencia legal.
La resolución obliga al Estado a cumplir con la actualización salarial de docentes y no docentes y con la recomposición de becas estudiantiles, puntos centrales de la ley sancionada en septiembre de 2025. Además, considera ilegítima la suspensión por decreto impulsada por el Gobierno.
En el plano económico, la Cámara desestimó el principal argumento oficial: el impacto fiscal. Según el fallo, el costo de implementación representa apenas el 0,23% del PBI, por lo que no compromete el equilibrio de las cuentas públicas.
La ley establece una actualización automática de salarios según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, además de la obligación de convocar a paritarias trimestrales con ajustes mensuales no inferiores al índice del INDEC.
En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto que modifica esos criterios: reconoce solo un 12,3% de recomposición salarial para 2025 y omite la pérdida de 2024, estimada en 38%, lo que profundiza la disputa con el sector universitario.
El fallo reconfigura el conflicto político entre el Gobierno y las universidades, en un escenario donde la educación pública vuelve al centro del debate presupuestario. A corto plazo, la decisión judicial obliga a una respuesta inmediata del Ejecutivo; a mediano plazo, abre una nueva fase de negociación política y fiscal que será clave para la sostenibilidad del sistema universitario.
