El juez Castro defendió la medida cautelar y aclaró que busca evitar interferencias mientras se resuelve la incertidumbre jurídica.

El juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Daniel Domingo Castro, fundamentó la medida cautelar que permitió sostener la actividad del proyecto minero Vicuña, en medio del conflicto generado por decisiones judiciales en otra provincia. El magistrado explicó que el eje de su resolución fue evitar un riesgo inminente de obstrucción ante la existencia de acciones judiciales externas y versiones sobre posibles bloqueos de acceso.

Castro precisó que la decisión se tomó en un contexto de incertidumbre jurídica, donde no existían notificaciones formales en el expediente local. En ese sentido, remarcó que el peso de esa ausencia fue relativo: “no se puede dar por cierto lo que no está documentado”, y subrayó que se trata de una medida cautelar provisoria, no de un fallo definitivo.

El magistrado explicó que la herramienta utilizada fue una acción declarativa de certeza, destinada a reafirmar la validez de las habilitaciones otorgadas por la Provincia de San Juan. Según detalló, el objetivo es garantizar que el proyecto opere bajo el marco legal vigente mientras se clarifica el alcance de las actuaciones externas.

Sobre el posible conflicto entre jurisdicciones, Castro adoptó una postura prudente: recordó que cada provincia ejerce su jurisdicción dentro de su territorio y que eventuales superposiciones podrían derivar en un conflicto de competencia, sin que un fallo externo anule automáticamente uno local.

Además, indicó que la resolución es revisable y que su continuidad dependerá de los informes técnicos que debe presentar el Ministerio de Minería, clave para definir el encuadre final del caso.

El pronunciamiento refuerza el rol de la Justicia como garante de la seguridad jurídica en proyectos estratégicos. La evolución del expediente será determinante no solo para Vicuña, sino también para la previsibilidad de futuras inversiones en el sector minero.