La Justicia rechazó un nuevo pedido del intendente de Angaco para suspender el proceso en su contra. Este viernes habrá una audiencia clave para definir si el acuerdo por $5 millones que firmó con concejales es válido o si el jefe comunal deberá enfrentar el juicio.

El intendente de Angaco, José Castro, sufrió un nuevo revés judicial luego de que el tribunal rechazara su pedido de suspender el juicio en su contra por presuntos delitos vinculados al uso de recursos municipales. En ese contexto, la Sala II de la Cámara Penal convocó a una audiencia oral para este viernes a las 10, donde se definirá si prospera el acuerdo que firmó para evitar el debate judicial.

En la audiencia deberán exponer la defensa del jefe comunal y la fiscalía, quienes argumentarán ante los jueces sobre la validez del convenio que Castro impulsó con el Concejo Deliberante de Angaco. Tras ese paso, el tribunal tomará una decisión —que podría conocerse la próxima semana— sobre si el acuerdo es válido o si el intendente deberá enfrentar el juicio.

Un acuerdo por $5 millones para evitar el juicio

El convenio cuestionado contempla el pago de $5 millones como reparación económica por el presunto daño causado al municipio. El acuerdo fue aprobado por los concejales Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes, mientras que la concejal Gloria Herrera se abstuvo y Andrés Olivera votó en contra.

El planteo buscaba evitar el juicio por la causa que investiga a Castro por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, delitos que contemplan penas de entre 2 y 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La investigación se originó por un hecho ocurrido en 2019, cuando el intendente habría utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en Chimbas.

Una nueva investigación complica el escenario

La defensa del intendente, encabezada por el abogado Marcelo Fernández Valdez, intentó frenar el inicio del juicio argumentando que primero debía resolverse una nueva denuncia presentada por el Ministerio Público.

La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi solicitó investigar a Castro y a los concejales que aprobaron el acuerdo por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la acusación, los ediles no tienen facultad para disponer de la acción penal, ya que esa atribución corresponde exclusivamente al Ministerio Público Fiscal, lo que podría invalidar el convenio.

La nueva causa quedó en manos del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, quien ya solicitó documentación vinculada a la sesión extraordinaria en la que se aprobó el acuerdo.

Un fallo con impacto político

El resultado de la audiencia será determinante para el futuro judicial del intendente. Si el tribunal rechaza el acuerdo, Castro deberá enfrentar el juicio penal por los hechos investigados.

Además, la resolución podría ser apelada ante la Corte de Justicia, lo que abre la puerta a una nueva instancia judicial y a posibles demoras en el inicio del debate.

Mientras tanto, el caso se mantiene como uno de los expedientes judiciales más sensibles para la política sanjuanina, ya que involucra a un jefe comunal en ejercicio y pone en discusión los límites legales de los acuerdos para evitar procesos penales contra funcionarios públicos.