La Justicia federal dio un paso clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa. La medida, dispuesta por el juez Ariel Lijo, apunta a profundizar el análisis sobre la evolución patrimonial de la pareja y determinar si existen inconsistencias con sus ingresos declarados.

La decisión judicial se enmarca en una causa que busca esclarecer una serie de operaciones financieras y adquisiciones recientes. Entre ellas, se encuentra la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, que despertó sospechas por su modalidad de financiamiento: un anticipo relativamente bajo y el resto cubierto mediante un préstamo privado sin intereses y a corto plazo.

Con el levantamiento del secreto bancario y fiscal, los investigadores podrán acceder a información clave como cuentas, plazos fijos, créditos, consumos con tarjetas y posibles vínculos con billeteras virtuales. El objetivo es reconstruir con precisión el flujo de ingresos y gastos del funcionario para verificar si existe o no un desfasaje patrimonial que pueda configurar delito.

La medida también alcanza a otras personas vinculadas a la causa, identificadas como prestamistas o acreedoras, lo que amplía el alcance de la investigación y busca esclarecer el origen de los fondos involucrados.

El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, se convirtió en uno de los focos judiciales más sensibles para el Gobierno nacional, ya que involucra a uno de los funcionarios más cercanos al presidente. En paralelo, se suman otros elementos bajo análisis, como gastos en viajes internacionales y movimientos financieros que no habrían sido plenamente justificados.

Desde el entorno oficial, por ahora, no hubo definiciones contundentes sobre el avance de la causa, aunque el Gobierno ha sostenido públicamente a Adorni en su cargo. Sin embargo, el levantamiento del secreto marca un punto de inflexión: se trata de una herramienta clave para que la Justicia pueda acceder a información que, hasta ahora, estaba protegida por normas de confidencialidad.