Coviar calificó de “improcedente e inoportuna” la decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento obligatorio del plan vitivinícola y advirtió sobre el impacto en toda la cadena productiva.
La decisión del Gobierno nacional de cerrar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y eliminar los aportes obligatorios que financiaban su funcionamiento abrió un fuerte conflicto dentro de la industria del vino.
La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) rechazó duramente la medida oficial y aseguró que la resolución representa un golpe institucional y económico para uno de los sectores productivos más importantes de las economías regionales.
En un comunicado, la entidad calificó la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura como “improcedente, inconsulta e inoportuna” y cuestionó el cierre del esquema de planificación estratégica que funcionó durante más de dos décadas.
La medida elimina el sistema de contribuciones obligatorias previsto en la Ley 25.849, mecanismo que financiaba las acciones de promoción, desarrollo y coordinación ejecutadas por Coviar.
Desde el Gobierno argumentaron que el PEVI había agotado su vigencia formal en 2020 y que no tenía sentido continuar con un esquema de financiamiento compulsivo para sostener una estructura privada.
Sin embargo, Coviar advirtió que la resolución modifica aspectos estructurales del funcionamiento institucional sin respetar el marco legal vigente.
“La decisión se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad”, sostuvo la entidad, que además reclamó que la resolución sea dejada sin efecto.
El conflicto se produce en un momento especialmente delicado para la vitivinicultura argentina, atravesada por caída del consumo interno, dificultades exportadoras, aumento de costos y retracción económica.
La corporación anticipó además que convocará de urgencia a su Directorio para definir acciones frente al nuevo escenario y defender la continuidad de la planificación estratégica del sector.
La resolución también ordena que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) deje de recaudar los aportes y transfiera los fondos remanentes al Estado nacional.
En paralelo, sectores cercanos al oficialismo defendieron la medida como parte de la política de desregulación y reducción de estructuras financiadas mediante cargas obligatorias al sector privado.
El debate sobre Coviar ya había comenzado el año pasado, cuando sectores libertarios impulsaron proyectos para derogar el sistema, cuestionando la obligatoriedad de los aportes incluso para establecimientos no adheridos.
La decisión reabre ahora una discusión de fondo sobre el rol del Estado, la planificación sectorial y el financiamiento de las economías regionales en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
El futuro de Coviar y del esquema de articulación vitivinícola quedó envuelto en incertidumbre. La resolución podría derivar en una batalla política, judicial y empresarial que impactará sobre una de las actividades productivas más emblemáticas de la Argentina.
