El Poder Judicial implementa un programa de salud mental para sus empleados, una demanda histórica del sector.

La Corte de Justicia de San Juan oficializó la creación de un programa integral de apoyo psicológico para todo el personal judicial, en una medida que busca atender una problemática creciente vinculada al desgaste emocional en el ámbito laboral. La decisión quedó establecida mediante el Acuerdo General Nº 15/2026.

El nuevo Programa de Salud Mental y Bienestar Psicosocial tendrá como eje la protección de la salud psicosocial del personal, con acciones de prevención, formación, acompañamiento y evaluación continua. La iniciativa alcanza a toda la estructura judicial, aunque prioriza a los equipos técnicos interdisciplinarios, expuestos a situaciones de alta complejidad social.

La medida responde a una demanda sostenida dentro del sistema judicial, especialmente en áreas sensibles como las unidades fiscales que investigan delitos de alto impacto. En estos ámbitos, los profesionales trabajan a diario con casos de abuso sexual, violencia y situaciones de vulnerabilidad extrema, lo que genera un desgaste emocional persistente.

El programa retoma una línea impulsada por el ex fiscal general Eduardo Quattropani, quien había planteado la necesidad de brindar contención psicológica a fiscales y equipos técnicos. Si bien la iniciativa no se había formalizado en su gestión, finalmente fue adoptada por el máximo tribunal y ampliada a todo el Poder Judicial.

Desde la Corte destacaron que el objetivo es fortalecer las condiciones laborales y garantizar la calidad del servicio de justicia. En ese sentido, se busca no solo asistir a los trabajadores, sino también sostener la eficiencia del sistema judicial en contextos de alta demanda emocional.

La implementación estará a cargo de las licenciadas Eliana García y María Gabriela Pérez, con articulación institucional a través de la Secretaría Administrativa y las distintas oficinas judiciales.

En un contexto donde la salud mental gana centralidad en la agenda pública, la decisión marca un cambio de enfoque en la gestión judicial. A futuro, el desafío será consolidar el programa como política sostenida y medir su impacto en un sistema atravesado por la presión, la exposición y la complejidad social de los casos que aborda.