Busca limitar la discrecionalidad y priorizar el mérito en los concursos judiciales en medio de tensiones institucionales.

La Corte Suprema de Justicia avanzó con un nuevo reglamento para la selección de jueces, con el objetivo explícito de “reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad” y reforzar criterios de mérito e idoneidad en los concursos. La iniciativa fue formalizada mediante una Acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y enviada al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.

El movimiento se da en un contexto de reactivación del proceso de designación de magistrados, tras anuncios del Gobierno para cubrir cientos de vacantes en el sistema judicial. En ese marco, el máximo tribunal busca incidir en las reglas de selección, marcando su rol como “cabeza del Poder Judicial”.

Entre los cambios centrales, el proyecto propone que tengan mayor peso los antecedentes académicos y el mérito real, en detrimento de trayectorias administrativas. Además, apunta a transparentar la etapa más cuestionada del proceso: las entrevistas personales, que pasarían a tener reglas más claras, carácter público y menor puntaje (máximo de 20 puntos).

El esquema también introduce modificaciones estructurales. Se prevén dos tipos de concursos —anticipados y especiales—, con límites de hasta 8 cargos en los primeros y 9 en los múltiples. La prueba de oposición se dividirá en dos instancias, con una etapa general de 120 preguntas sobre un banco de 2.000 y otra práctica, bajo un sistema que garantice el anonimato de los postulantes.

Asimismo, se impulsa la digitalización del proceso y la elaboración de un orden de mérito más objetivo, con entrevistas públicas a los seis mejores candidatos. La Comisión de Selección mantendrá la elaboración de ternas, que luego deberán ser validadas en audiencia pública por el plenario del Consejo.

Aunque el texto evita confrontaciones directas, en tribunales se interpreta como un mensaje al Consejo de la Magistratura, cuestionado por la opacidad en algunos concursos. La eventual aplicación del nuevo reglamento sobre procesos en curso —incluidos cargos clave como la Cámara Federal de Casación Penal— abre un frente de tensión institucional.

El impacto final dependerá de la aprobación del Consejo y de su implementación efectiva. De avanzar, el cambio podría redefinir el equilibrio de poder en la designación de jueces y condicionar futuras disputas políticas en el sistema judicial argentino.