El máximo tribunal provincial deberá resolver si mantiene o revoca el fallo que benefició al abogado Horacio Alday, condenado por corrupción en la causa de las expropiaciones. La disputa judicial podría llegar a la Corte Suprema de la Nación.
La Corte de Justicia de San Juan quedó a cargo de resolver una causa que enfrenta al periodista Sebastián Saharrea con el abogado Horacio Alday, condenado en la megacausa de las expropiaciones, luego de que una Cámara de Apelaciones revocara una condena civil por injurias dictada en primera instancia.
El conflicto se originó durante una audiencia del juicio por el escándalo de las expropiaciones, considerado uno de los mayores casos de corrupción investigados en San Juan. En ese proceso, Alday fue posteriormente condenado a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia aún no está firme.
Según los antecedentes de la causa, tras la declaración testimonial de Saharrea, director de Tiempo de San Juan, Alday solicitó ampliar su indagatoria y formuló una serie de acusaciones y descalificaciones contra el periodista, a quien calificó, entre otros términos, de “extorsivo” y “vende notas”, además de atribuirle presuntos pedidos de dinero a cambio de cobertura periodística.
A raíz de esas expresiones, Saharrea promovió una demanda civil por injurias. La jueza Adriana Tettamanti hizo lugar al planteo y condenó a Alday a pagar $4 millones en concepto de daño moral, al considerar acreditadas las ofensas y entender que la declaración indagatoria no habilita agravios personales ajenos al objeto del proceso penal.
Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Civil de Apelaciones revocó esa decisión por unanimidad. Los camaristas sostuvieron que las expresiones cuestionadas fueron realizadas en el marco del ejercicio del derecho de defensa durante una declaración indagatoria y entendieron que no existió publicidad suficiente para configurar una afectación al honor en los términos reclamados.
Frente a ese escenario, la defensa de Saharrea presentó un recurso ante la Corte de Justicia provincial solicitando la nulidad del fallo de Cámara y efectuó reserva del recurso federal para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de una resolución adversa.
Entre los argumentos expuestos, la presentación sostiene que el criterio adoptado por la Cámara podría limitar la posibilidad de reclamar reparaciones civiles por expresiones agraviantes vertidas durante procesos judiciales. También cuestiona la interpretación realizada sobre el alcance del derecho de defensa y sobre la eventual responsabilidad civil derivada de manifestaciones efectuadas en una audiencia.
El expediente reabre además el debate sobre los límites entre el derecho de defensa, la protección del honor y la responsabilidad civil por declaraciones realizadas en el ámbito judicial.
La decisión que adopte la Corte sanjuanina será observada con atención por el ámbito judicial y periodístico, ya que podría fijar criterios sobre la tutela de testigos y terceros involucrados en procesos penales, además de definir el alcance de futuras acciones por daños derivados de expresiones vertidas en audiencias judiciales.




