El máximo tribunal envió proyectos a la Legislatura para sumar magistrados en Familia, Paz y Jáchal. El pedido surge tras el ingreso de 10 mil causas nuevas, aunque persisten vacíos estadísticos en otras áreas.

La Corte de Justicia de San Juan, encabezada por su presidenta Adriana García Nieto, oficializó el envío de dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados para la creación de cinco nuevos cargos de magistrados. El objetivo principal es descomprimir fueros que se encuentran en situación crítica por el volumen de causas, con el de Familia a la cabeza, donde la presión por casos de violencia intrafamiliar y procesos tutelares ha puesto al límite la capacidad de respuesta del sistema.

De acuerdo a las estadísticas que sustentan el pedido, en el Fuero de Familia ingresaron 10.394 causas nuevas desde el año 2024. Actualmente, existen 37 mil procesos activos que dependen de la firma de solo cuatro jueces. Sin embargo, el planteo también genera interrogantes al observar otros sectores de la justicia: fuentes judiciales señalan que no hay estadísticas actualizadas de otros fueros que justifiquen plenamente nuevas designaciones, citando como ejemplo el fuero Laboral, donde en todo 2024 solo entraron 2.099 expedientes para ser resueltos por seis jueces.

La iniciativa contempla específicamente dos jueces de Familia, un juez de Paz para Caucete (departamento con más de 51 mil causas activas) y dos cargos para la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal: un juez multifuero y un asesor oficial. Este movimiento busca replicar el esquema de Pocito, que ya cuenta con dos magistrados, pero expone la disparidad en la carga de trabajo entre las distintas jurisdicciones y materias.

Un dato relevante que asoma en el debate legislativo es el antecedente inmediato: en septiembre de 2024, la Corte ya había solicitado la creación de 80 cargos para el sistema acusatorio, proyecto que perdió estado parlamentario por falta de tratamiento. En esta oportunidad, el máximo tribunal optó por fortalecer el «poder decisorio» (jueces que firman) en lugar de estructuras administrativas, bajo la premisa de que el sistema de Gestión Asociada permite ahorrar en personal de apoyo pero requiere de más sentencias firmadas por magistrados.

Ahora, la definición queda en manos de la Cámara de Diputados, que deberá evaluar el impacto presupuestario que estas designaciones representarán para el Poder Ejecutivo. Mientras los jueces de Familia presionan por el refuerzo ante un sistema «virtualmente en crisis», la falta de una comparativa estadística integral de todo el Poder Judicial podría ser el eje de la discusión en las comisiones legislativas.