El excandidato a gobernador quedó formalmente acusado por lesiones leves agravadas por el vínculo y tenencia ilegítima de arma de fuego. La Justicia le impuso restricciones de contacto mientras avanza una investigación que tendrá un plazo inicial de seis meses.

El dirigente político Sergio Vallejos fue imputado este martes por los presuntos delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y tenencia ilegítima de arma de fuego, en el marco de una causa por violencia de género que investiga la UFI CAVIG.

La audiencia de formalización se realizó ante el juez Mariano Carrera, con la participación de los fiscales Mario Panetta y Verónica Recio, quienes expusieron los elementos reunidos hasta el momento. Vallejos, por su parte, decidió abstenerse de declarar.

Según la acusación fiscal, el episodio se produjo tras una discusión con su pareja, quien lo denunció el pasado 16 de mayo. La mujer aseguró que fue insultada y empujada por el dirigente, provocándole una caída que derivó en lesiones posteriormente constatadas por un médico legista.

Durante la audiencia, los fiscales relataron que Vallejos le habría dirigido expresiones agraviantes antes del presunto ataque. La investigación sostiene que las lesiones sufridas por la denunciante forman parte de la evidencia incorporada al expediente.

Uno de los elementos centrales de la causa surgió del allanamiento realizado al día siguiente de la denuncia. En el procedimiento fueron secuestradas cinco armas de fuego. La Fiscalía informó que cuatro estaban debidamente registradas, por lo que serán restituidas a su propietario.

Sin embargo, entre las armas halladas se encontraba una pistola Bersa calibre 22 que no contaba con la autorización legal correspondiente. Ese hallazgo motivó la imputación por tenencia ilegítima de arma de fuego.

La defensa, encabezada por el abogado José Becerra, rechazó las acusaciones y sostuvo que Vallejos no provocó las lesiones denunciadas. Además, planteó que las heridas podrían haberse producido por una caída de la mujer y solicitó la restitución del arma secuestrada.

Como medida cautelar, la Justicia dispuso que Vallejos no podrá acercarse a la denunciante a una distancia menor de 200 metros ni mantener contacto con ella por ningún medio. También deberá someterse al proceso judicial mientras avance la investigación.

La Fiscalía solicitó un plazo de seis meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria, período durante el cual se producirán nuevas pruebas y testimonios para determinar si corresponde avanzar hacia una eventual elevación a juicio.

La causa mantiene alto interés político por tratarse de un excandidato a gobernador, aunque la etapa actual se limita a la formalización de la investigación. El desafío para la Fiscalía será ahora consolidar la evidencia que respalde la acusación, mientras la defensa buscará desacreditar la versión presentada por la denunciante.