El secretario general de ATSA fue acusado por amenazas y daños tras un episodio ocurrido en enero en Angaco.

La Justicia imputó a Alfredo Duarte, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en San Juan, por su presunta participación en un violento episodio registrado en enero pasado, cuando apedreó una camioneta y amenazó a una familia en el departamento Angaco.

La imputación se formalizó durante una audiencia encabezada por el fiscal de la UFI de Delitos Genéricos, José Plaza, quien atribuyó al dirigente sindical los delitos de amenazas simples y daño, y solicitó un plazo de investigación penal preparatoria de seis meses.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 22 de enero de 2026 en el camping de ATSA, donde se desató una discusión por un inconveniente vinculado al estacionamiento dentro del predio. En ese contexto, Duarte habría descendido de su vehículo, tomado una piedra del suelo y arrojado el elemento contra una camioneta 4×4, provocando la rotura de uno de sus faros delanteros.

El episodio quedó registrado en un video, material que fue incorporado a la causa como prueba clave. Además del daño al rodado, la familia denunciante aseguró haber sido amenazada verbalmente, situación que también habría quedado documentada en las imágenes.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó la imposición de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento y de contacto con las víctimas. Si bien la defensa no cuestionó la calificación legal ni el plazo de investigación, pidió una reducción en la distancia de restricción, argumentando que tanto el sindicato como la familia denunciante poseen tierras en la misma zona.

Finalmente, el juez de Garantías Alberto Caballero resolvió imputar formalmente a Duarte por ambos delitos, fijó un plazo de seis meses de investigación y ordenó medidas de coerción, entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros, la restricción de todo tipo de contacto, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y el compromiso de no entorpecer el proceso.

Las imágenes del episodio se difundieron rápidamente en redes sociales, generando una fuerte repercusión pública y cuestionamientos al accionar del dirigente gremial, mientras la causa continúa su curso en el ámbito judicial.