El oficialismo busca eliminar sanciones automáticas que afectan ingresos y operatividad en la fuerza.

El oficialismo en la Cámara de Diputados de San Juan avanza con una reforma del régimen disciplinario policial para eliminar sanciones consideradas desproporcionadas, en particular la inhabilitación automática para realizar servicios adicionales. El proyecto ya cuenta con despacho favorable en comisiones y se encamina a su tratamiento en el recinto.

La iniciativa —expediente 648— propone modificar el artículo 48 de la Ley Nº 298-R, incorporando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Actualmente, una suspensión, incluso de un solo día, implica la prohibición de realizar adicionales durante seis meses, lo que configura, según sus impulsores, un “doble castigo”.

El diputado Juan de la Cruz Córdoba señaló que el esquema vigente genera consecuencias excesivas frente a faltas leves, afectando directamente los ingresos de los agentes. Los servicios adicionales representan una parte sustancial del salario, por lo que la restricción impacta en la economía personal del personal policial.

Además del aspecto económico, la normativa también repercute en la operatividad de la fuerza, al reducir la disponibilidad de efectivos para tareas clave como vigilancia y seguridad, en un contexto donde la demanda de presencia policial se mantiene elevada.

El proyecto surgió a partir de planteos de los propios efectivos y fue canalizado a través de la Secretaría de Seguridad. Durante el debate en comisiones, el secretario Enrique Delgado respaldó la reforma al considerar que la normativa actual está desactualizada y resulta perjudicial.

El nuevo esquema establece que solo las sanciones superiores a siete días implicarán restricciones para realizar adicionales, y en esos casos el plazo se reducirá a 15 días, eliminando así la penalización de seis meses para infracciones menores.

De aprobarse, la reforma marcaría un cambio en el equilibrio entre disciplina institucional y derechos laborales dentro de la policía provincial, con impacto directo en el funcionamiento operativo y en las condiciones económicas de los agentes.