El Gobierno provincial prevé enviar pronto el nuevo Código Electoral. La iniciativa eliminará el Sipad, incorporará la Boleta Única de Papel y trasladará a los partidos el costo de sus internas, el punto que concentra las principales diferencias políticas.

El Gobierno de San Juan ingresó en la etapa decisiva de la reforma electoral con la que pretende modificar las reglas para elegir candidatos y votar en los comicios provinciales de 2027. El proyecto todavía no fue presentado formalmente en la Cámara de Diputados, pero el Ejecutivo anticipó que lo remitirá a la brevedad.

La propuesta impulsada por la gestión de Marcelo Orrego tendrá como ejes la eliminación del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), la incorporación de la Boleta Única de Papel y la posibilidad de que cada partido o frente defina su propio mecanismo de selección de candidatos.

Las fuerzas podrán optar por internas abiertas, internas cerradas o acuerdos de consenso, según lo establezcan sus cartas orgánicas. El cambio central será económico: el Estado provincial dejará de financiar esos procesos y cada agrupación deberá asumir los gastos de organización.

El esquema supone el cierre definitivo del Sipad, sistema similar a la ley de lemas que fue aprobado durante el gobierno de Sergio Uñac y utilizado por única vez en 2023. Aquella elección permitió que varias listas compitieran dentro de una misma agrupación y que sus votos se acumularan para definir al ganador.

Uno de los cuestionamientos centrales al modelo fue la proliferación de candidaturas. En algunos departamentos se presentaron más de 30 postulantes a intendente, una dispersión que generó confusión entre los votantes y tuvo efectos posteriores en la composición política de varios concejos deliberantes.

La nueva propuesta también analiza la utilización de dos boletas únicas separadas: una para cargos provinciales y otra para las categorías municipales. La alternativa todavía está bajo estudio y busca simplificar el procedimiento dentro del cuarto oscuro.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá establecer un sistema más sencillo, transparente y económico. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, afirmó que las diferencias internas deben resolverse dentro de cada espacio y no mediante elecciones costeadas por todos los contribuyentes.

“Si un frente político no logra alcanzar consensos hacia adentro, difícilmente pueda construirlos cuando le toque gobernar”, planteó Achem al defender la autonomía partidaria y el retiro del financiamiento estatal para las internas.

El Gobierno también busca evitar que la discusión repita el fracaso del primer proyecto enviado por Orrego. Esa iniciativa, que contemplaba la Boleta Única y la derogación del Sipad, quedó sin tratamiento en comisión y perdió estado parlamentario. Frente a ese antecedente, el Ejecutivo decidió dividir el debate y buscar acuerdos antes de llevar el texto definitivo al recinto.

En la oposición no existe una posición uniforme. El Partido Bloquista presentó el Régimen Electoral de Competencia Ordenada, conocido como Reco, una propuesta que coincide con el oficialismo en la Boleta Única de Papel y en que las internas sean financiadas por los partidos.

El peronismo, en cambio, impulsó una alternativa que mantiene la boleta partidaria tradicional y propone regresar a un sistema similar a las PASO, con elecciones abiertas para ordenar las candidaturas dentro de cada frente. El bloque justicialista también cuestionó que la discusión no se haya abierto formalmente con todas las fuerzas políticas.

La eliminación del financiamiento público aparece como el punto más sensible. Sus defensores argumentan que el Estado no debe pagar las disputas internas de los partidos. Los sectores críticos advierten que trasladar todos los costos podría perjudicar a agrupaciones pequeñas, limitar la competencia y favorecer a las estructuras con mayor capacidad económica.

La discusión comenzará con un escenario legislativo fragmentado y varios proyectos sobre la mesa. El oficialismo necesitará negociar con aliados y bloques opositores para lograr una ley estable que no quede asociada únicamente a las necesidades electorales del Gobierno de turno.

La reforma definirá no sólo qué sistema reemplazará al Sipad, sino también las condiciones en las que se ordenarán las alianzas y candidaturas para 2027. El desafío será alcanzar un consenso suficiente para modificar las reglas sin profundizar las diferencias entre los principales espacios políticos de San Juan.