La Justicia considera insuficientas las explicaciones públicas del jefe de Gabinete sobre el origen de más de medio millón de dólares no declarados y avanza hacia un pedido formal de justificación patrimonial.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una etapa clave. Aunque el funcionario presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y reconoció haber acumulado US$ 506.000 en ahorros no declarados, en los tribunales federales sostienen que las explicaciones públicas no alcanzan para despejar las dudas sobre el origen y la trazabilidad de los fondos.
El fiscal federal Gerardo Pollicita espera concluir el análisis de la nueva documentación para avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, una instancia habitual en las causas por enriquecimiento ilícito. Si las explicaciones resultan insuficientes, el siguiente paso podría ser un pedido de indagatoria que deberá resolver el juez Ariel Lijo.
Según fuentes judiciales citadas por Clarín, el principal problema radica en que los números «no cierran». La Justicia entiende que admitir la existencia de dinero ahorrado «en negro» no exime al funcionario de demostrar de manera documentada cómo obtuvo esos fondos ni cómo fueron aplicados posteriormente.
La investigación busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y una serie de operaciones patrimoniales realizadas en los últimos años. Entre ellas figuran compras de inmuebles, refacciones, viajes al exterior y movimientos de divisas que, según el expediente, aún no cuentan con respaldo suficiente.
Uno de los puntos bajo análisis es la existencia de movimientos por más de US$ 349.000 en efectivo, vinculados a operaciones inmobiliarias y gastos personales. También se investigan deudas superiores a los US$ 335.000 y la adquisición de divisas por US$ 356.450 cuya justificación continúa siendo objeto de estudio.
La causa también pone el foco en dos propiedades: una vivienda en un barrio privado de Exaltación de la Cruz y un departamento en Caballito. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, ambas operaciones involucraron pagos en dólares y en efectivo, además de préstamos privados y desembolsos para refacciones que son examinados por los investigadores.
Otro elemento que genera atención es la rectificación de todas las declaraciones juradas presentadas por Adorni desde que ingresó a la función pública. La fiscalía deberá contrastar las presentaciones correspondientes a 2023, 2024 y 2025 para determinar si existieron omisiones o inconsistencias patrimoniales.
Mientras tanto, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) realiza un estudio técnico sobre la evolución patrimonial del funcionario, comparando ingresos, gastos y movimientos financieros.
El resultado de ese informe será determinante para definir el rumbo de la causa. En los tribunales federales sostienen que la investigación no se resolverá con declaraciones mediáticas, sino con documentación que permita acreditar el origen de los fondos y despejar las inconsistencias detectadas hasta el momento.
