El EPRE pidió una audiencia pública tras una resolución del ENRE que otorga prioridad a la minera Vicuña sobre un corredor eléctrico estratégico de la provincia.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó formalmente una audiencia pública para revisar la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que otorga prioridad de uso del corredor eléctrico Nueva San Juan–Rodeo al proyecto minero Vicuña. La decisión generó una fuerte reacción en la provincia por su posible impacto sobre el desarrollo energético y productivo regional.

La medida fue establecida a través de la Resolución ENRE 79/2026, publicada el 20 de febrero, que otorga a Vicuña Argentina S.A. prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente del sistema de transporte eléctrico vinculado al corredor minero durante al menos 25 años.

Desde el EPRE advirtieron que se trata de una infraestructura estratégica financiada durante décadas por los sanjuaninos y que cumple un rol clave para el abastecimiento eléctrico provincial. Por ese motivo, reclamaron que el debate se realice con participación de todos los actores públicos y privados involucrados.

Según el organismo provincial, otorgar prioridades de uso sobre infraestructura preexistente del sistema eléctrico sin la intervención de la provincia ni estudios técnicos integrales podría comprometer la seguridad del suministro y la planificación energética futura.

El corredor Nueva San Juan–Rodeo de 500 kV, conocido como la “línea minera”, es una pieza central del sistema eléctrico regional, ya que abastece a proyectos en los departamentos de Iglesia y Calingasta, donde se concentran varios desarrollos mineros de gran escala.

La resolución nacional responde a un pedido de la empresa Vicuña, controlada por las compañías BHP y Lundin, que presentó un plan de ampliación de infraestructura eléctrica para abastecer sus proyectos Josemaría y Filo del Sol.

Sin embargo, el esquema de prioridad establecido por el ENRE implica que otros proyectos mineros o desarrollos productivos que busquen conectarse al sistema deberán negociar su acceso con esa compañía, o bien financiar nuevas obras de expansión.

Esto generó preocupación tanto en el sector público como en otras empresas mineras, que consideran que la decisión podría afectar inversiones ya autorizadas, incluso aquellas encuadradas en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Ante este escenario, el EPRE solicitó que cualquier ampliación o asignación de capacidad eléctrica se discuta en una audiencia pública, mecanismo que permitiría evaluar los impactos técnicos, económicos y regulatorios de la medida.

Además, el organismo provincial planteó la necesidad de acuerdos con la provincia para compensar las ampliaciones de infraestructura existentes, financiadas históricamente por el sistema eléctrico local.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión entre Nación, provincia y sector minero en torno al control de la infraestructura energética. La eventual convocatoria a audiencia pública será clave para definir cómo se distribuirá el acceso a un corredor eléctrico considerado estratégico para el futuro productivo de San Juan.