Fiscalía de Estado dejó sin movimientos durante más de seis meses una demanda destinada a recuperar dinero de una expropiación irregular. Graffigna pidió la caducidad del proceso y sostiene que el reclamo, que actualizado llegaría hasta los $10 millones, ya está prescripto.
Una falta de impulso de Fiscalía de Estado amenaza con frustrar una de las demandas iniciadas por la Provincia para recuperar dinero público de la megacausa de las expropiaciones y podría terminar beneficiando directamente a Santiago Graffigna, condenado a 7 años y 8 meses de prisión como jefe de la asociación ilícita que defraudó al Estado.
El problema se originó después de que Fiscalía y Graffigna acordaran suspender durante 20 días los plazos de una demanda civil. La suspensión fue establecida el 29 de agosto de 2023 y, de acuerdo con las constancias mencionadas en el expediente, no hubo posteriormente una renovación de ese acuerdo ni actuaciones que impulsaran el proceso.
Esa inactividad es ahora el argumento utilizado por Graffigna para pedir la caducidad de instancia.
El Código Procesal establece que, en primera instancia, una causa puede caducar cuando permanece durante más de seis meses sin movimientos procesales que permitan su continuidad. Graffigna sostiene que ese plazo fue ampliamente superado.
La consecuencia puede ser particularmente gravosa para el Estado: no sólo podría cerrarse la demanda actual, sino que el abogado afirma que una nueva acción ya estaría alcanzada por la prescripción.
Será la jueza del Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti quien determine si corresponde aceptar el planteo.
Hasta $10 millones en juego
El expediente cuestionado es el denominado “Luna, Benito Ricardo”, relacionado con la expropiación de un terreno de Iglesia para la construcción del dique Cuesta del Viento.
Por esa operación, la Provincia pagó en 2009 exactamente $1.011.194,31.
Fiscalía de Estado sostuvo posteriormente que el pago había sido realizado irregularmente y promovió una demanda para recuperar el dinero. Las irregularidades de esa operación también fueron consideradas acreditadas por el tribunal que intervino en el juicio penal de la megacausa.
Según fuentes vinculadas al expediente, con la actualización mediante la tasa activa del Banco Nación, el monto actualmente podría ubicarse entre $7 millones y $10 millones.
Ese recupero es el que ahora quedó en riesgo por el tiempo transcurrido sin actividad en el expediente.
Fiscalía asegura que puede revertirlo
El organismo encargado precisamente de defender el patrimonio provincial quedó ahora obligado a explicar por qué el planteo de Graffigna no debería prosperar.
Fiscalía de Estado, encabezada actualmente por Sebastián Dávila, anticipó que presentará argumentos para rechazar la caducidad, aunque hasta el momento esos fundamentos no trascendieron.
La discusión será determinante.
La caducidad no extingue automáticamente el derecho de la Provincia a reclamar el dinero y, en principio, permitiría iniciar nuevamente una demanda. Pero Graffigna sostiene que existe un segundo obstáculo: la acción original fue presentada hace aproximadamente diez años y el derecho a iniciar un nuevo proceso ya estaría prescripto.
Si Tettamanti acepta primero la caducidad y posteriormente prevalece esa interpretación sobre la prescripción, el Estado podría quedar definitivamente sin posibilidad de recuperar el dinero por esta vía.
Una causa para recuperar dinero público
La situación adquiere mayor relevancia porque no se trata de un litigio ordinario entre particulares. La demanda fue impulsada por el propio Estado para intentar recuperar fondos que, según sostuvo Fiscalía, salieron irregularmente de las arcas provinciales.
En la presentación original se afirmó que Graffigna había presentado a Ricardo Luna como propietario del terreno expropiado en Iglesia y consiguió que el inmueble fuera valuado considerando la totalidad del dominio.
Sin embargo, Fiscalía sostuvo que Luna únicamente tenía “derechos y acciones” sobre la propiedad, circunstancia que habría reducido aproximadamente 30% el valor de la tasación.
Según la acusación, se promovió entonces una demanda urgente de prescripción adquisitiva o posesión veinteañal para obtener el reconocimiento sobre el inmueble.
Fiscalía también sostuvo que Graffigna actuó en connivencia con el entonces abogado estatal Norberto Baistrocchi, fallecido antes del juicio penal, y que el proceso de expropiación permaneció paralizado durante más de seis años.
Esa demora habría permitido avanzar con la posesión veinteañal y posteriormente contestar la demanda expropiatoria. Baistrocchi terminó cesanteado de Fiscalía de Estado.
El antecedente del “Plenario Luna”
El expediente también quedó asociado al denominado “Plenario Luna”, en el que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia modificó sustancialmente la metodología utilizada para determinar el valor de terrenos.
A partir de ese criterio, propiedades rurales comenzaron a ser valuadas como urbanas y se pasó de calcular su precio por hectárea a hacerlo por metro cuadrado.
La demanda originalmente también había alcanzado al actual camarista civil Roberto Pagés, quien intervino en la expropiación cuando se desempeñaba como juez del Cuarto Juzgado Civil.
Pagés finalmente fue apartado de la acción después de que la Justicia considerara que los magistrados no pueden ser demandados por el contenido de sus sentencias mientras no hayan sido denunciados y destituidos. La Corte confirmó posteriormente esa decisión.
El camarista tampoco fue acusado en el juicio penal, aunque el tribunal ordenó investigar su actuación en esa expropiación.
Ahora, paradójicamente, una causa iniciada por el Estado para recuperar fondos de una maniobra por la que hubo condenas penales enfrenta la posibilidad de cerrarse por falta de impulso procesal.
La última palabra la tendrá Tettamanti. Pero cualquiera sea su resolución, el episodio deja planteado un interrogante para Fiscalía de Estado: cómo un expediente destinado a recuperar dinero público llegó a quedar expuesto a un pedido de caducidad por el transcurso de los plazos que el propio organismo debía resguardar.




