La Justicia resolverá si la investigación por el presunto desvío de $4 mil millones de ahorristas hacia empresas vinculadas a los dueños de Global Market pasa al fuero federal. La fiscalía sostiene que hubo maniobras de alto riesgo incompatibles con perfiles conservadores de inversión.

La causa que investiga a los directivos de Global Market por una presunta estafa financiera que afecta a al menos 45 ahorristas e inversores entró en una etapa decisiva. El juez de Garantías Javier Figuerola deberá definir si el expediente continúa en la Justicia provincial o pasa al ámbito federal, como reclamó el fiscal Nicolás Alvo, titular de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Según la hipótesis fiscal, los empresarios Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas habrían desviado cerca de $4 mil millones hacia una minera propia —GMI Inversiones SA— y a operaciones con cheques electrónicos vinculados a una empresa de familiares directos. El dinero, sostiene la acusación, pertenecía a clientes con perfiles de inversión conservadores que buscaban resguardar capital y no exponerse a activos especulativos.

La fiscalía considera que el caso excede la competencia provincial porque las operaciones fueron realizadas dentro del sistema bursátil regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y mediante agentes autorizados del mercado financiero. Además, quedó bajo análisis el rol de Rosario Valores SA, firma encargada de custodiar y liquidar las operaciones cuestionadas.

Uno de los puntos centrales de la investigación apunta a los llamados Pases No Garantizados (PNG), instrumentos de alto riesgo utilizados para transferir fondos de los clientes hacia GMI Inversiones, una minera sin actividad productiva relevante y fuera del control operativo de la CNV. Según Alvo, los inversores eran inducidos a renovar automáticamente esas colocaciones mediante comunicaciones técnicas difíciles de comprender para personas sin conocimientos bursátiles.

La operatoria quedó expuesta cuando la constructora Armegón, uno de los principales clientes de la firma, solicitó el rescate de aproximadamente $2.000 millones y no obtuvo respuesta financiera. La empresa terminó con títulos de baja liquidez imposibles de comercializar, mientras el capital habría quedado absorbido por la estructura vinculada a los propios investigados.

La causa también incluye operaciones con e-cheqs emitidos por una empresa administrada por hijos de Ahumada. Los documentos fueron rechazados por falta de fondos, generando nuevas pérdidas para los clientes. El fiscal sostuvo que esos instrumentos eran incompatibles con el perfil conservador pactado con los inversores y que existió una grave violación al deber fiduciario.

Otro eje bajo investigación son los contratos de mutuo firmados con GMI Inversiones, mediante los cuales se ofrecían tasas de hasta 50% anual. La fiscalía sostiene que muchos clientes creían contratar con Global Market y no con una minera sin autorización para captar fondos financieros. La similitud entre ambas denominaciones comerciales habría contribuido a generar confusión entre los damnificados.

En paralelo, los abogados querellantes cuestionaron la demora en la adopción de medidas cautelares para proteger activos y evitar eventuales maniobras de vaciamiento. Tras recibir documentación de la CNV, la fiscalía pidió embargos, inhibiciones generales de bienes y restricciones sobre propiedades mineras vinculadas a GMI.

La resolución de competencia que adopte Figuerola podría redefinir el alcance institucional del caso y abrir una investigación federal de mayor escala sobre el funcionamiento de las operaciones bursátiles cuestionadas, el control de los organismos regulatorios y la responsabilidad de las firmas intervinientes.