El gobierno provincial defendió en el Congreso los cambios a la ley y planteó que la minería es clave para el desarrollo económico.

En el inicio de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso, San Juan formalizó su respaldo al proyecto y fijó una postura estratégica: la minería es una actividad “ineludible” para su desarrollo. El planteo lo encabezó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, en un debate atravesado por tensiones políticas, cuestionamientos al esquema de participación y protestas sociales.

“Apoyamos este proyecto de adecuación”, afirmó el funcionario al exponer la posición del gobernador Marcelo Orrego, alineándose con el oficialismo nacional que impulsa cambios para flexibilizar el alcance de la normativa vigente.

El eje del discurso provincial fue desarticular lo que calificó como una “falsa dicotomía” entre minería y cuidado ambiental. “No hay contradicción entre minería y uso eficiente del agua”, sostuvo Fernández, en línea con la defensa que el Gobierno nacional viene realizando para avanzar con inversiones en sectores estratégicos.

El argumento central se apoyó en la estructura territorial y productiva de San Juan: solo el 3% del territorio es oasis productivo, mientras que el resto corresponde a zonas áridas y montañosas. En ese contexto, el ministro definió a la minería como una actividad “ineludible” para sostener el crecimiento económico.

En términos de recursos, el funcionario buscó relativizar el impacto hídrico del sector: detalló que la provincia consume 1.500 hectómetros cúbicos de agua al año, de los cuales 81% corresponde a la agricultura, 16% al consumo humano y solo 3% a la minería. El foco, aseguró, debe ponerse en mejorar la eficiencia del riego, donde más del 50% de los cultivos aún no está mecanizado.

La defensa minera también incluyó una lectura económica más amplia. Fernández planteó que la actividad puede traccionar inversiones en infraestructura vial, energética y de riego, claves para mejorar la competitividad de sectores como la vitivinicultura, el aceite de oliva, los pistachos y la industria.

El posicionamiento de San Juan se inscribe en un debate nacional más amplio. La reforma —que ya cuenta con media sanción del Senado— busca reducir la protección sobre áreas periglaciares y otorgar mayor injerencia a las provincias, en un contexto donde el Gobierno apunta a destrabar proyectos vinculados al régimen de inversiones (RIGI) y al sector minero.

Sin embargo, el proceso avanza con fuerte resistencia. Las audiencias comenzaron con más de 100.000 inscriptos y solo 360 expositores habilitados, lo que derivó en críticas de la oposición y movilizaciones frente al Congreso. Organizaciones ambientales advierten que los cambios podrían habilitar actividades en zonas hoy protegidas.

Con una sesión prevista para abril, el debate entra en una etapa decisiva donde se cruzan intereses económicos, presión política y demandas ambientales. La posición de provincias mineras como San Juan anticipa un escenario de alta disputa, en el que la definición legislativa tendrá impacto directo sobre el modelo productivo y el esquema de inversiones del país.