Diputados cambia el formato por 70 mil inscriptos; el sanjuanino José Peluc impulsa el esquema desde comisión.
La Cámara de Diputados redefinió el mecanismo de participación para debatir la reforma de la Ley de Glaciares tras una inscripción récord de casi 70.000 expositores, en una decisión que generó cuestionamientos políticos y jurídicos.
El nuevo esquema fue impulsado por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales el sanjuanino José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes establecieron un sistema mixto con instancias presenciales, virtuales y una modalidad complementaria mediante videos.
La organización prevé que solo unos 200 participantes expongan de forma directa —alrededor de 100 en cada modalidad— mientras que el resto deberá enviar sus intervenciones grabadas o por escrito, que serán incorporadas al expediente legislativo.
Desde el oficialismo argumentaron que la magnitud de inscriptos hace “materialmente imposible” garantizar exposiciones individuales sin afectar los tiempos parlamentarios. En esa línea, sostienen que el nuevo formato busca ordenar el debate y evitar dilaciones en el tratamiento de la norma.
El rol del diputado sanjuanino Peluc adquiere centralidad en este proceso, no solo por su función en la conducción de la comisión que interviene en el tema, sino también por representar a una provincia donde la discusión sobre recursos naturales, minería y agua tiene impacto directo.
Sin embargo, el cambio de modalidad generó críticas. Especialistas y sectores opositores advierten que el sistema de videos desvirtúa el carácter participativo de las audiencias públicas al limitar el intercambio en tiempo real.
El debate se inscribe en una tensión más amplia entre desarrollo productivo y protección ambiental, ya que la ley vigente regula actividades en zonas glaciares consideradas reservas estratégicas de agua.
Con audiencias previstas para el 25 y 26 de marzo, el proceso avanza bajo cuestionamientos. La definición del formato no solo condiciona la participación ciudadana, sino que anticipa un tratamiento legislativo atravesado por disputas políticas, ambientales y económicas de alto impacto.
