La necropsia desacreditó la hipótesis de un ataque ejecutado por un grupo con los rostros cubiertos. La causa fue transferida al fuero de Menores para establecer si el tiro se percutó involuntariamente.

Un vuelco sustancial transformó la causa que investiga el fallecimiento de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, ocurrido en una vivienda de la Villa 1° de Mayo, en el departamento Chimbas. Aunque las hipótesis preliminares apuntaban a una irrupción violenta de tres personas encapuchadas por un presunto ajuste de cuentas o robo, las pruebas científicas encauzaron el expediente hacia el círculo íntimo del occiso, situando como supuesta autora del tiro a una joven de 16 años que permanecía en la propiedad.

En las primeras horas tras el hecho, la versión sobre agresores externos cobró fuerza debido a una denuncia por extorsión formulada esa misma mañana y a las severas intromisiones amenazantes que la víctima registraba en su perfil de la red social Facebook. Ante ese ambiente de hostilidad, los allegados a Quinteros Olmos presentes en el inmueble mantenían armamento para repeler un probable ataque de terceros.

Sin embargo, los informes del procedimiento de autopsia remitidos durante la mañana desbarataron esa premisa. El examen médico evidenció que el proyectil ingresó por la zona maxilar izquierda y egresó por la región cervical derecha, determinando una trayectoria y una distancia de disparo incompatibles con la reconstrucción planteada inicialmente por los testigos.

Ante las inconsistencias detectadas por la pericia forense, los comisionados policiales volvieron a receptar declaración testimonial al entorno del joven. En esta segunda ronda de interrogatorios, las manifestaciones señalaron a la menor de edad —quien ya se hallaba en el interior de la finca al momento de la detonación— como la persona que maniobró el arma.

Fuentes judiciales señalaron con prudencia que se analiza si el disparo fue accionado por negligencia o de forma premeditada. Al verse involucrada una menor de edad, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales derivó la causa al Juzgado de Menores a cargo del juez Jorge Toro, organismo que determinará la situación legal de la sospechosa mientras continúan las pericias complementarias.