La acusación es por el delito de asociación ilícita, tenencia y uso de documento adulterado destinado a acreditar la identidad y estafas.

Tras la condena de los cabecillas de la megaestafa con DNI ilegales, Rolando Javier Navarro Saide, calificado como el «cerebro» y jefe de la asociación ilícita.  Y de Natalia Castillo, la exencargada del Registro Civil de Pocito, que al momento de ser detenida tenía 197 DNI en su casa, el fiscal federal Fernando Alcaraz solicitó el juicio a los imputados. Es por utilizar documentos nacionales de identidad obtenidos de manera fraudulenta para concretar estafas millonarias.

Son unos doce ciudadanos acusados de tramitar el DNI auténtico con datos biométricos falsos para luego abrir cuentas bancarias, solicitar créditos y realizar compras utilizando la identidad de terceros. El Ministerio Público Federal atribuye distintos grados de participación y cada uno cumplía un rol en la organización.

Modalidad que aplicaban

Los imputados solicitaban nuevo DNI a nombre de personas reales. En el trámite aportaban su fotografía y huellas digitales, pero con datos personales de las víctimas. Los expedientes eran cargados en el sistema del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) desde la oficina del Registro Civil de Pocito, una vez emitidos los documentos, eran utilizados para concretar estafas mediante préstamos, apertura de cuentas y compras.

En algunos casos, las operaciones fueron frustradas porque el sistema biométrico detectó inconsistencias antes de que los documentos fueran entregados.

La acusación es por el delito de asociación ilícita, al que se suman el uso de documento adulterado destinado a acreditar la identidad, estafas, inserción de declaraciones falsas en instrumento público, tenencia ilegítima de DNI auténticos, entre otros.

Alcaraz solicitará 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional para Analía Edith Rosales y 2 años de prisión condicional para Carlos Fabián Prato, Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Dayana Belén José y Flavia de las Mercedes Vargas, a quienes atribuye haber prestado su imagen para tramitar documentos de identidad con datos falsificados en maniobras que finalmente fueron detectadas por los controles biométricos del ReNaPer antes de concretar nuevas estafas.