La Fiscalía de Estado se presentó como parte querellante en la causa que investiga la licitación y ejecución del Acueducto Gran Tulum

La causa por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó un movimiento clave. La Fiscalía de Estado se constituyó formalmente como parte querellante en el expediente penal que analiza la licitación y ejecución del proyecto, tras las denuncias por posible corrupción y perjuicio patrimonial contra la Provincia.

La confirmación fue realizada por Sebastián Dávila, quien aseguró que el Estado provincial impulsará activamente la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. La causa está a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de Francisco Pizarro, de la UFI de Delitos Especiales.

La decisión se produce luego de la denuncia presentada por el dirigente Marcelo Arancibia, quien advirtió sobre supuestas maniobras que habrían generado un daño económico a las arcas provinciales. Con la querella ya formalizada, la Fiscalía de Estado deberá analizar la prueba reunida hasta el momento y evaluar si corresponde solicitar nuevas medidas.

La investigación preliminar tendría un plazo inicial de 90 días, prorrogable por otros 90, período en el que se examina documentación requerida a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) para reconstruir el proceso licitatorio y los actos administrativos posteriores que derivaron en la ejecución de la obra.

Las sospechas iniciales alcanzaban, entre otros, a Gustavo Monti, primo del ex gobernador Sergio Uñac, quien falleció recientemente. No obstante, el proceso penal continúa y apunta a determinar si existieron responsabilidades de otros actores intervinientes en la contratación y ejecución del proyecto.

La denuncia tomó impulso tras la difusión de documentos que vincularían a Monti con la empresa Krah América Latina S.A., adjudicataria de la provisión de caños, y que mencionaban al ex presidente de OSSE, Sergio Ruiz. Según el planteo, existirían indicios de sobreprecios y pagos anticipados indebidos, además de posibles coincidencias temporales entre decisiones administrativas de alto impacto económico y la actuación de representantes de la firma privada.

De acreditarse esos extremos, podrían configurarse —en grado de hipótesis investigativa— los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 265 y 248 del Código Penal.

En paralelo, trascendieron imágenes tomadas en 2022 durante el MotoGP en Santiago del Estero, en las que aparecen juntos Monti y el ex titular de OSSE. Ruiz condujo la empresa estatal hasta 2019, período en el que se adjudicó a Krah la provisión de materiales estratégicos para el acueducto.

Mientras tanto, la obra permanece paralizada por objeciones técnicas que aún no fueron subsanadas. Pese a ello, la Provincia comenzó el año pasado a cancelar el crédito kuwaití que financió los trabajos inconclusos, lo que mantiene abierto el debate político y judicial sobre el impacto financiero del proyecto.

Con la querella ya formalizada, el “Acueducto gate” entra en una nueva etapa procesal. La intervención directa del Estado provincial como acusador institucional refuerza el peso de una causa que podría escalar en responsabilidades y derivar en nuevas imputaciones.